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A través de un documento en el que se analizan las violaciones que cometió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, Soberanos -el espacio político que conducen Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto- le propondrá al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo multilateral de crédito solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas que le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados.
En tanto está probado que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico, desde Soberanos consideraron que “esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos.
Resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional a los efectos de acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018.
Todo esto en virtud de lo establecido en Convenciones Internacionales, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las normas establecidas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en los principios generales del derecho que son fuente de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia”.
Desde Soberanos aseguraron que “el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1”.
En el documento que presentarán al gobierno nacional señalaron que cualquier acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional “supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI. Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años”.
Con la experiencia histórica existente con el FMI, más allá de las justificaciones que se esgriman, resulta difícil imaginar que el organismo acepte un acuerdo tal que los pagos a los que se obligue el Estado no tengan como contrapartida acentuar las carencias y la fragilidad de una situación social que ya no admite ajustes ni restricciones de ninguna naturaleza”.
Por último, señalaron: “Si queremos ser un país soberano, resulta necesario utilizar todos los recursos legales de que se dispone, para que se reconozcan nuestros derechos y se ponga en evidencia el ilegal comportamiento del FMI a través del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Que esa decisión, por otra parte, limite las exigencias e irreductibilidad con la que se ha manejado esa institución desde siempre, terminando con la discrecionalidad con la que obraran sus funcionarios y los países que lo controlan mayoritariamente. Así como ellos se muestran muy exigentes respecto a la imposibilidad de reducir intereses, o efectuar una quita sobre el dinero prestado porque las normas a las que están sujetos no se lo permiten, es hora de usar el derecho internacional para poner en evidencia el ilegal comportamiento con el que se manejaron durante el gobierno de Cambiemos y ver si de tal manera se limitan las pretensiones de la institución y se la enfrenta con argumentos del derecho internacional público que debe respetar como organismo de las Naciones Unidas”.
