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El Tribunal Contencioso Administrativo fijó audiencia para el viernes 4 de diciembre, en el marco del reclamo por el sorteo dispuesto por el Ministerio de Educación para distribuir las vacantes del nivel medio para el año que viene. En tanto, el juez Enrique Pedicone le dio al Ejecutivo provincial 3 días hábiles para que responda. Madres y padres de alumnos buscan que se suspenda el sorteo porque lo consideran arbitrario y discriminatorio.
La presentación judicial se realizó la semana pasada. Es un pedido de medida cautelar para que se anulen las resoluciones ministeriales que llevaron a la realización del sorteo, que dejó sin bancos en sus escuelas a más de un centenar de estudiantes.
Sobre la cautelar, el juzgado le corre traslado al Estado provincial por tres días habiles. Es decir que el martes próximo a primera hora de la mañana debería responder. Lorena Mamaní, una de los abogados que representan a los padres, consideró que «la cautelar se va a resolver directamente el día de la audiencia».
Padres y madres de alumnos de distintos colegios se concentraron desde temprano en la puerta del Tribunal Contencioso Administrativo a la espera de una respuesta a la presentación del amparo que hicieron la semana pasada. El objetivo es que se suspenda el sorteo mediante el cual el Ministerio de Educación de la Provincia distribuyó de manera arbitraria las vacantes para el inicio del secundario en 2021.
En principio, el reclamo fue de los padres de la Escuela Normal, pero después se fueron sumando de otras escuelas. Fue cuando quedó en evidencia que la mayoría de los alumnos que terminan la primaria terminaron sorteados para iniciar el nuevo ciclo en cualquier otra escuela, y no en la suya.
La presentación judicial está firmada por madres y padres de un total de 111 estudiantes.
«Nuestros hijos tienen derecho a estudiar donde elijan», repitió con preocupación Patricia, una de las madres apostadas en la puerta del edificio judicial de la calle Senador Pérez. «Los chicos siguen en clases, en la manera que la pandemia lo permite, y es una incertidumbre total y una tristeza porque no se van a volver a ver», agregó.
Además de la vulneración de los derechos de los adolescentes, que se ven impedidos de continuar estudiando en sus escuelas con sus compañeros, o elegir en qué establecimiento empezar el secundario, la modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación perjudica también a los padres en lo económico.
«A los padres nos perjudica en lo económico, además, porque salimos a buscar colegios privados pero no podemos pagarlos. Nuestros hijos entraron a este establecimiento a los 3 años, y pensamos que tenían la continuidad», señaló Patricia.
Fabiola Suárez, otra mamá, comentó: «La mayoría de los que estamos acá venimos de recorrer colegios desde el jueves y muy pocos lograron hacer ingresar a sus chicos. Las vacantes disponibles nos quedan muy lejos y las cuotas de los privados son carísimas».
El Ministerio dispuso que quedaban exceptuados del sorteo los abanderados de todos los colegios. Pero esto también genera dudas y suspicacias. «No sabemos de dónde salieron tantos abanderados», señalan los padres. Como sea, lo cierto es que los bancos que perdieron los estudiantes de la Normal quedaron asignados a abanderados de otros colegios, dejando al resto sin posibilidad de continuar estudiando en su escuela.
La justicia, finalmente, deberá resolver un conflicto sobre el que el Ministerio de Educación no dio ninguna posibilidad de diálogo.
«Entendemos que el criterio de inscripción es arbitrario y discriminatorio. No hubo instancia de participación con la comunidad educativa, los padres presentaron notas al Ministerio pidiendo audiencia antes del sorteo sin respuesta ni instancia de diálogo. La ministra dijo que iba a continuar con su postura, así que tendrá que resolverse con la intermediación de un juez y todas las partes», afirmó Florencia Romero, una de las abogadas que representan a los padres.
