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Por Néstor Espósito, en Tiempo. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió a una jueza que impida el accionar de un organismo creado en la Defensoría del Público cuyo objetivo es detectar y desactivar noticias falsas. Además, acusó a su titular, la periodista Myriam Lewin, por atentar contra la libertad de prensa y propuso que sea llamada a prestar declaración indagatoria. El pedido fue formulado ante una denuncia de varios diputados de Juntos por el Cambio (JxC) y deberá ser resuelto por la jueza María Eugenia Capuchetti.
El eje del pedido de Stornelli es el «Observatorio de la Desinformación y la violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales» (Nodio), anunciado por la Defensoría del Público como una forma de combatir a las “fake news” o noticias falsas, que se propalan como manchas de aceite por los medios de comunicación y las redes sociales cotidianamente.
El fiscal pidió “el dictado de la medida cautelar de prohibición de innovar y/o toda otra que pudiera resultar aplicable, a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio NODIO y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la ¡libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.
La aplicación del concepto podría derivar en que alguien, por ejemplo, dijera falsamente en un medio de comunicación que ingerir determinado químico cura el Covid 19, pero pese a que ello no fuera cierto y que causara daños a la salud de quien siguiera la recomendación, no hubiera un organismo desde el Estado capaz de advertir sobre esa situación.
Ello consolidaría un estatus especial de personas que, de hecho, ya existe: los que tienen autorización y aval judicial para mentir libremente. El supuesto derecho a la libertad de expresión beneficia a periodistas y medios de comunicación, pero también a influencers, trolls, tuiteros o personas que simplemente decidan hacer circular una mentira como si fuese verdad, independientemente de las consecuencias que ello acarree.
En todo caso, quien se sienta perjudicado sólo tendrá como herramienta recurrir a una instancia judicial, de difícil y engorroso acceso y desarrollo, para obtener una reparación ante el daño sufrido.
La “detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión» son consideradas por el fiscal como un delito, no sólo de abuso de autoridad sino también contra la libertad de expresión, contemplado en el artículo 161 del Código Penal: “sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”.
“Lejos de transcurrir ello por un simple y llano abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público, no puede esa sospecha quedar escindida de la posible ultra intención o finalidad que habría podido perseguirse, posiblemente incursa, además, en el delito expresamente concebido como atentatorio de la libertad de prensa, en cuanto a la existencia de una posible maniobra asentadora o incitadora de persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas”, sostiene el dictamen.
Stornelli admitió: “Nadie podrá discutir lo dañino que suele ser, muchas veces, la propalación intencionada de noticias falsas o maliciosas, tanto a nivel institucional como a nivel personal para quien directamente la sufre. El tema aquí es que el aparato estatal se estaría arrogando, vía este famoso Observatorio, la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso; y más cuestionable aún, se arrogaría la todo poderosa potestad de desarticularlas (conforme el propio comunicado oficial) o, en otras palabras, aplicarles censura”.
“No es posible fijar, al menos sin que constituya delito, una política estatal que pisotee sin miramientos las garantías de rango constitucional que asisten a todos quienes deseen habitar e! suelo argentino, puntualmente aquellas que párrafos arriba fueran mencionadas, máxime ello cuando los objetivos perseguidos se muestran tan poco transparentes como peligrosos”.
La denuncia contra Lewin fue presentada por los diputados de JxC Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Sahad, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Alvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez, el 9 de octubre pasado.
