Suman 84 fiscales y 78 defensores los espiados por CABA con datos biométricos

Por Sofía Caram, en Ámbito. El modelo del correo electrónico era el mismo. Más de doscientos magistrados/as entre jueces, fiscales y defensores oficiales recibían en sus casillas de mail la misma advertencia. Rápidamente la noticia corría como las aguas de un río enardecido por todo tribunales. ¿Vos también recibiste el mail? ¿En qué día pidieron tus datos? Los mensajes de Telegram y WhatsApp iban y venían con tono de preocupación.

El mail en cuestión provenía de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Como reveló Ámbito el pasado viernes, la PIA notificaba así a más de doscientos funcionarios y funcionarias judiciales que el ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado al Renaper, a través de un convenio para dar con personas prófugas, sus datos biométricos. Domicilio, DNI, tarjetas, cuentas bancarias, etc. Información sensible y privada.

“¿Los jueces y los fiscales somos personas prófugas?”, se preguntó con visible indignación uno de los afectados en diálogo con Ámbito.

Más allá del abanico amplio de los “espiados” -cuya lista resguarda celosamente el juzgado- muchos de ellos observaron con alarma que las solicitudes de información coincidían en fecha y hora con firmas de fallos o resoluciones a favor de Cristina de Kirchner. ¿Casualidad?  Otros, en tanto, no pudieron evitar relacionar el hecho con sus trabajos en causas de lesa humanidad o mientras concursaban para acceder a cargos, dato hasta ahora desconocido por la gran mayoría. Hasta ahora, se contabilizan 84 fiscales y 78 defensores oficiales relacionados a causas de derechos humanos.

Ante la consulta de este medio, el ministerio de Seguridad de CABA -ahora bajo el control de Eugenio Burzaco- dijo que no fijará posición ni dará explicaciones de por qué pidió datos biométricos de más de doscientos funcionarios judiciales cuando esa cartera era comandada por Marcelo D’Alessandro.

Desde el Renaper respondieron al requerimiento de Ámbito que están colaborando con la investigación abierta en la justicia como es habitual y que trata de determinar si existió “uso indebido” por parte de CABA de un convenio de datos firmado a principio de 2019 y que desde el Renaper se procedió a “dar de baja”.

Lo que sí ocurrió es que, a partir del escándalo, los afectados iniciaron varias acciones conjuntas para pedir explicaciones a los responsables y que se investigue qué hicieron con los datos obtenidos.

Todos los Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal enviaron una misiva al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero de CABA, Julio Marcelo Lucini en la que manifestaron una “profunda preocupación” y advirtieron sobre los “graves alcances individuales que el suministro de información sensible de datos personales y biométricos puede provocar para nuestra seguridad personal y económica”.

Para los firmantes, “esas maniobras tienen un claro alcance institucional, en tanto comprometen la seguridad de la firma digital”, por lo que reclamaron que se tomen las medidas de seguridad informática correspondientes para evitar malversación del uso de los datos.

Además, reclamaron que los funcionarios responsables expliquen, entre otras cosas, por qué pidieron sus datos biométricos, ya que no se trata de personas prófugas como señala el convenio entre CABA y el Renaper: “Estimamos correspondiente (…) se requiera en forma inmediata al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y al Sr. director del Registro Nacional de las Personas que se informen los motivos invocados para la consulta, en qué contexto se requirió (si se insertó alguna referencia a expediente, etc.), qué información fue transmitida y en qué soporte, qué operador lo hizo y desde qué terminal”.

Por su parte, la lista Celeste de la Asociación de Magistrados reclamó con 110 firmas que la entidad se pronuncie y se presente como “amicus curiae” en la causa que actualmente instruye la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de CABA: “Dada la gravedad de los hechos y, la imperiosa manda constitucional vinculada a la independencia de los magistrados, es que solicitamos que la Asociación se pronuncie al respecto”. Y alertaron que “más allá de la independencia judicial también se habrían vulnerado otros derechos de raigambre constitucional como los de reunión, privacidad, intimidad, y aquellos vinculados a la protección de datos personales”.

Horas después, la entidad emitió un texto en el que advierte sobre los “graves acontecimientos de violación a la intimidad”. Habla de una “gran preocupación” y expresa el “repudio” a “la intrusión digital en datos privados de cientos de magistrados/as y funcionarios/as, desde un organismo público, y sin que se justifique ese acceso”. La Asociación, además, relaciona este hecho con la apertura de declaraciones juradas y los hackeos a teléfonos de algunos funcionarios judiciales. Por el momento, a pesar del pedido de los jueces, la AMFJN no se presentará como amicus.

El 10/7/2021 se solicitaron datos de la jueza María Silvina Domínguez que estaba próxima a subrogar el juzgado federal de Bariloche donde había causas sensibles en el marco de los conflictos de tierras con comunidades mapuches pero que también heredaba causas como el asesinato de Rafael Nahuel o la toma de tierras de Villa Mascardi. El mote de “pro mapuche” se lo colgaron los consejeros macristas de la magistratura al defensor Pablo Matkovic cuyos datos fueron pedidos en abril y agosto de 2021 y se encontraba concursando para la Cámara Federal de General Roca. Existía una motivación oculta en cada caso para un escándalo que recién comienza.