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El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó la decisión de sumar a provincias e intendencias en el monitoreo del programa del control de precios de la canasta compuesta por 1432 productos de consumo masivo que puso en marcha el Gobierno nacional y que se extenderá por espacio de 90 días. También participación las asociaciones de consumidores.
«Estamos previendo los mecanismos legales para que gobernaciones e intendencias acompañen el monitoreo del programa, informen y podamos avanzar en el control», dijo Feletti en declaraciones a Radio Nacional.
En este sentido, se reunía esta tarde con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y un grupo de intendentes de la provincia para ampliar en las distintas jurisdicciones los mecanismos de monitoreo.
El funcionario también remarcó que para la tarea de supervisión también estarán «convocando a las asociaciones de consumidores».
Feletti señaló que el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, enviará a los ministros y secretarios de Producción o de Comercio, según el cargo de cada provincia, el listado de precios que corresponde a cada jurisdicción, «para que ellos implementen los mecanismos de monitoreo».
Manifestó también la necesidad de que su secretaría cuente con delegaciones en todas las provincias, que se desarmaron en los años 90, «porque no se puede permitir que los mercados monopólicos no tengan ningún tipo de regulación», afirmó.
Ante las críticas que recibió desde sectores empresariales y la oposición, Feletti dijo que «los controles de precios tienen que ser transitorios e ir a otro esquema, pero permiten intervenir en la puja distributiva y en casi todos los casos generaron una fuerte expansión del consumo».
Por el contrario, analizó que «los planes antiinflacionarios basados en ajustes monetarios y fiscales fracasaron todos. Desde el Plan Austral, el Plan Primavera, la Convertibilidad hasta el plan doble 0, que con cero emisión y cero déficit dejó 50% de inflación, 70% de tasa de interés y una devaluación acumulada de 45 a 60 pesos en escasos días».
Finalmente, advirtió que mediante los controles de la implementación del programa el Gobierno va a «hacer cumplir la ley como principal fundamento de la seguridad jurídica de un país».
«La obligación de abastecer y cumplir precios compatibles con los ingresos de la población en consumos esenciales también es una obligación legal y debe cumplirse, sino el único derecho que parece que se debe cumplir es el de la propiedad privada, y la constitución garantiza muchos otros derechos a los argentinos», enfatizó.
