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El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla se declaró competente para analizar las presentaciones que cuestionan la constitucionalidad del decreto 137 que firmó el Presidente designando a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia, y le dio tres días al Poder Ejecutivo para que dé explicaciones.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte, le tomó juramento a García-Mansilla este jueves en una ceremonia secreta. La situación de Lijo sería resuelta por el cuerpo la semana próxima.
Ramos Padilla es el juez que en diciembre de 2015, cuando era titular del juzgado federal de Dolores, frenó la designación de Rosatti y Rosenkrantz por decreto que había intentado Mauricio Macri.
“La decisión que adopté en 2015 facilitó un cauce procedimental, promovió un diálogo democrático e institucional que permitió, a través de la previa implementación de los procedimientos de preselección previstos en el Decreto 222/03, que los magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional no asumieran sus funciones hasta obtener el previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación”, escribió Ramos Padilla en la resolución que se conoció cerca de las 20 de este viernes.
El juez federal de La Plata entendió que la situación actual es “mucho más compleja”. Entre otras cosas, porque uno de los candidatos ya juró como miembro de la Corte en una ceremonia secreta. “Se discute la conformación y el funcionamiento actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya se encuentra integrada por el doctor García-Mansilla”, remarcó.
Al declararse competente para tomar el caso, Ramos Padilla unificó las presentaciones del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) –con las firmas de Mariano y Emanuel Lovelli– y la que formularon Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) y María Eva Koutsovitis (La Ciudad Somos Quienes la habitamos).
Si bien le habían pedido que frenara la jura de los dos jueces designados por decreto de Milei, Ramos Padilla entendió que eso ya se había tornado abstracto por la asunción apurada de García Mansilla. “Lo que constituye el objeto de este proceso es mucho más relevante desde el punto de vista institucional, y consiste en determinar si se cumplieron o no con las exigencias constitucionales para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en su caso, si se afectó o no la división de poderes y el principio republicano de gobierno”.
Plazo para el Ejecutivo
En esa línea, Ramos Padilla le dio tres días al Poder Ejecutivo para que responda el pedido de una medida cautelar y diez días para que conteste a los planteos de fondo.
Además, notificó a Lijo y García-Mansilla que la causa estaba en trámite para que presentaran y opinaran, porque está en juego su silla en el máximo tribunal.
Por otro lado, le consultó a la Corte Suprema si ya hay inscripto en el Registro Público de Procesos Colectivos otro proceso que cuestione la constitucionalidad del decreto 137. Entendió que el colectivo afectado son “cada uno de los ciudadanos del país que, como destinatarios del servicio de justicia, tienen derecho al acceso a una justicia independiente e imparcial y a que se respete la Constitución”.
Elogio de la prudencia
En varios apartados del fallo, Ramos Padilla insistió en que el tema debía ser evaluado prudentemente. “Es imperativo proceder con la mayor prudencia. La trascendencia institucional de las cuestiones a decidir impone evitar un trámite apresurado, e inaudita parte, dado que la demanda se centra en la constitucionalidad del decreto 137/2025 y la forma que se configura el más alto tribunal de la Nación”, marcó.
La insistencia con la templanza parece ser un mensaje destinado a los supremos, que este jueves apuraron la jura de García-Mansilla sin avisar. El jurista entró a las apuradas y subió hasta el cuarto piso después de un llamado de Rosatti, que había estado reunido junto con Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
No hubo familiares ni amigos de García-Mansilla, que estaba presuroso por asumir pese a que en agosto había dicho ante la Comisión de Acuerdos del Senado que él no aceptaría una nominación en comisión.
Solo estuvo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que evidentemente no llegó a avisarle al ministro Mariano Cúneo Libarona para que fuera hasta la calle Talcahuano a felicitar al candidato del gobierno por su llegada al más alto tribunal del país. Varias versiones coinciden en señalar que la premura se debió a que los cortesanos temían que Ramos Padilla dictara una cautelar que frenara la asunción.
Cuestión de competencia
Minutos después del mediodía del viernes, llegó al Juzgado Federal 2 de La Plata –que subroga Ramos Padilla–, el dictamen del fiscal Oscar Gutiérrez Eguía, que decía que el tema debía dirimirse en la justicia contencioso administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. El argumento es que el decreto se dictó y se firmó en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene domicilio el Poder Ejecutivo Nacional.
Un argumento similar se utilizó desde Comodoro Py para sacarles a los jueces del interior del país las causas sobre el espionaje macrista y concentrarlas en los tribunales de Retiro, donde fueron cayendo una tras otra.
Ramos Padilla le contestó a Gutiérrez Eguía que la Corte Suprema tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todas las personas pueden verse afectadas si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo. “Seguir el criterio expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal conllevaría un vaciamiento de las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias frente a la promoción de procesos colectivos como el que dio origen a las presentaciones actuaciones”, acotó.
Posiblemente al gobierno de Milei le guste la opción sugerida por el fiscal, ya que le permitiría sustraer la causa a Ramos Padilla, que días atrás dictó una cautelar para frenar la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima (SA). Es un juez incómodo que ya frenó la intención de Macri de hacer la Corte a gusto y piacere, decisión por la que se ganó la antipatía del líder del PRO.
“No puede existir ningún resquicio para dudar que los ciudadanos y la asociación presentada en autos se encuentran legitimados a ejercer los mecanismos de participación y control para hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento de un candidato a la Corte Suprema”, escribió Ramos Padilla.
Fuente: Página/12
