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El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó el repudio a la llegada y operación del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el Puerto de Ushuaia. Desde el Ejecutivo provincial, encabezado por Gustavo Melella, señalaron al Gobierno nacional por permitir este desembarco y calificaron el episodio de «inadmisible» y «contrario a la sensibilidad soberana».
La controversia escala en un contexto institucional tenso, pues la terminal portuaria fueguina se encuentra actualmente intervenida por el gobierno central a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Esa medida, que desplazó a las autoridades provinciales con la excusa de resguardar un «activo estratégico», fue judicializada por la provincia y espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Una ‘contradicción inadmisible’
A través de un comunicado oficial, las autoridades de la provincia cuestionaron duramente la paradoja entre el discurso de la Casa Rosada y las acciones ejecutadas en el terreno. «Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con el resguardo de nuestro territorio», sostuvieron.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, calificó la operación del barco petrolero como un «hecho inédito» y detalló que la nave ya zarpó del puerto de la capital provincial con destino preliminar a los Estados Unidos.
@JMilei , vía la #ANPyN, le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un «activo estratégico».
Resultado: hoy un petrolero de bandera 🇬🇧 opera en Ushuaia, bajo administración nacional.
Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la… pic.twitter.com/Wc7LML3sKJ— Andrés Dachary (@ADachary) August 24, 2026
El funcionario fueguino enmarcó la situación en una serie de antecedentes geopolíticos vinculados a la política exterior de la actual gestión, y mencionó la venta de 38 hectáreas pertenecientes a la Armada Argentina y algunos incidentes marítimos previos, como el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas argentinas rumbo a Chile, cuya queja formal de Cancillería fue presentada con demora.
Por otro lado, observan con preocupación la instalación de un radar de capitales británicos en suelo provincial y el avance de la petrolera israelí Navitas en tareas de exploración de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion, en las Islas Malvinas.
Los reclamos
Ante este escenario, la administración de Tierra del Fuego formalizó una serie de exigencias dirigidas de manera directa a la Casa Rosada.
En primer término, intimó al Poder Ejecutivo Nacional a que informe, de forma inmediata y pública, bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una nave con bandera de la potencia que mantiene la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Además, renovó el pedido para que finalice de manera urgente la intervención de la terminal marítima y se restituya la administración de la infraestructura a la órbita provincial, en sintonía con las acciones judiciales ya impulsadas.
Por último, la gestión provincial advirtió que no permanecerá indiferente ante medidas tomadas de forma unilateral desde el poder central que vulneren las competencias de la provincia y la soberanía argentina en el Atlántico Sur, al tiempo que convocó a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el valor estratégico de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.
El comunicado completo
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
