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Tirón de orejas al Materno Infantil por filtrar información sobre una niña embarazada

La defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil exhortó a la dirección del Hospital Materno Infantil a que preserve la intimidad y privacidad de las niñas internadas en ese centro de salud. A través de una nota dirigida a la directora Alice Vargas, la funcionaria judicial le recuerda que está “prohibido brindar cualquier información referida a toda niña”, y cita la legislación nacional y supranacional de derechos humanos en general y de derechos del niño en particular.

La notificación llegó tras haber trascendido que en el Materno Infantil estaba internada una niña de 12 años que cursaba un embarazo producto de una violación, a quien se le iba a practicar una interrupción legal del embarazo, según lo previsto por la ley. Ese trascendido motivó que sectores antiderechos se convocaran anoche frente al hospital para expresar su rechazo a la aplicación de la ley. La interrupción se había hecho la noche del sábado.

“La solicitud obedece a que he tomado conocimiento que habría niñas internadas a causa del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con derecho a la interrupción legal del embarazo -explica  la funcionaria judicial- a efecto que se resguarde los derechos de las niñas y garantice el derecho a la intimidad y privacidad de las mismas”.

En su nota, Traillou le recuerda a Vargas que la prohibición de brindar información “es extensiva a todos los agentes y dependientes” y que “comprende los datos personales de las niñas y toda información que las vincule de manera directa o indirecta con el motivo de la internación”.

Aclara luego que la información no se puede difundir “a todas las personas, aun las vinculadas con las niñas en razón de la amistad o parentesco como así también asociaciones civiles y medios de prensa”.

“Hago presente que el derecho de las niñas es personalísimo y debe resguardarse su autonomía”, agrega la defensora.

A partir de este episodio, el Ministerio de Salud debería iniciar una investigación interna para determinar quiénes fueron responsables de la filtración de la información, en contrario de lo que indica el Protocolo, y habilitar los sumarios que correspondan.

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