Tres multinacionales petroleras dan un paso al costado en Malvinas

La disputa de soberanía por las Islas Malvinas y sus recursos energéticos sumó un capítulo de peso en el plano corporativo.

Las firmas SLB, Baker Hughes y Halliburton, tres de las prestadoras de servicios petroleros más influyentes del mapa global, confirmaron que no intervendrán en ningún proyecto de exploración o extracción de hidrocarburos en el archipiélago ni en la zona marítima lindante.

El posicionamiento empresarial se conoció tras los anuncios del presidente Javier Milei e inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/26, normativa que endurece los controles y activa represalias contra firmas asociadas a la explotación ilegítima de recursos en territorio argentino reclamado.

El peso del nuevo marco normativo

La compañía de origen francés SLB (Schlumberger Argentina S.A.) abrió la serie de comunicaciones al declarar formalmente que, en observancia del Decreto 868/26, se mantendrá al margen de cualquier licitación o provisión tecnológica para iniciativas hidrocarburíferas en las islas.

Paralelamente, las estadounidenses Baker Hughes y Halliburton ratificaron igual criterio diplomático-comercial. Desde Cancillería respaldaron la postura de ambas firmas de ajustar sus operaciones globales al marco regulatorio argentino para resguardar sus inversiones y presencia en el país.

Sanciones y continuidad en Sea Lion

A pesar de que las multinacionales que decidieron bajarse ya venían marcando distancia de Sea Lion —el principal emprendimiento hidrocarburífero de la zona liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration—, las ejecutoras del proyecto afirmaron que sus planes de trabajo no se verán alterados por los castigos fijados desde Buenos Aires.

El paquete impulsado por el Gobierno contempla:

  • Endurecimiento legislativo: Modificaciones sobre la Ley 26.659 para extender sanciones a firmas prestadoras de servicios directos o indirectos.
  • Procesos administrativos: El inicio de actuaciones sancionatorias contra 45 personas físicas y jurídicas ligadas a actividades no autorizadas.
  • Respaldo de YPF: La petrolera estatal ponderó la decisión de las contratistas al considerar estratégica su continuidad operacional en el mercado energético nacional.

Con este movimiento de piezas, el reclamo soberano sobre el Atlántico Sur traslada su tensión al ecosistema de negocios internacional, cerrándole el margen de maniobra tecnológico a la exploración ilegal en las islas.

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