Un día como hoy: Milagro Sala cumple 6 años de presa política o “detención arbitraria”

Hoy se cumple seis años de encierro, persecución y hostigamiento a Milagro Sala. La dirigente social está privada de su libertad por un sinfín de causas promovidas por Gerardo Morales en la justicia penal provincial, que cumple a rajatabla las maniobras del poder político.

Un 16 de enero de 2016, la dirigente social de la organización barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, fue detenida en su casa por una orden judicial del juez penal, Raúl Gutiérrez (después de firmar la orden pidió licencia y luego se jubiló) por organizar un acampe en la plaza Belgrano para exigirle al flamante gobierno provincial, liderado por Gerardo Morales, que respondiera a los pedidos de audiencias de miles de cooperativistas.

La orden judicial no la cumplió la policía como auxiliar de la justicia, sino que la llevó a cabo el por entonces ministro de seguridad, Ekel Meyer, quién por esa acción y centenares de otras, fue distinguido como “Supremo” del Superior Tribunal de Justicia,

Desde aquel día (en ese entonces era sábado y hoy 6 años después, domingo), gran parte del Poder Judicial de Jujuy (por no decir casi todos y todas) están sometidos a los objetivos políticos, trazados por el gobierno de Gerardo Morales y ante la pasividad de la Corte Suprema de Justicia y la sumisión del partido justicialista durante esos seis años.

Por esos 72 meses, se desencadenó el famoso Lawfare, donde Jujuy fue utilizado por el macrismo como una prueba de ensayo de laboratorio, para después el gobierno de la alianza PRO-UCR-CC desplegará un tenaz proceso de persecución, criminalización y hostigamiento no sólo contra Milagro Sala en Jujuy, sino contra Cristina Fernández y todo aquel que se opusiera a su plan de gobierno en todo el país.

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La situación que vive aún Milagro Sala le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se denuncia la “detención ilegal” y no la presa política que lo es.

Desde el 14 de diciembre del 2015, tras la jura y asunción de Mauricio Macri como presidente y Morales como gobernador, la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy inició un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20 mil puestos de trabajo de cooperativas de viviendas.

Cuando solicitaron entrevistas con los funcionarios y el propio Morales, les respondió por los medios que no hablaría con mafiosos, mientras le ordenaba a su fiscal de Estado que los denunciara por instigación a cometer delitos y sedición.

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Algunas agrupaciones cedieron a la presión gubernamental local, pero la Tupac se mantuvo firme en la plaza.

El 16 de enero, el titular del MPA, Sergio Lello, quien puso a la fiscal Ad-Hoc “causa Sala”, Liliana Fernández de Montiel, le pidió al activo magistrado Raúl Gutiérrez la detención de Milagro. 13 días después un juez, Gastón Mercau (yerno de la presidenta de los Supremos locales) ordenó la excarcelación de Sala, pero el mismo día se pidió su detención en otro flamante expediente conocido como “Pibes Villeros”.

El día 26 de enero se inicia el plan, la estrategia oficial de iniciar, reimpulsar e inclusive reabrir procesos que habían sido clausurados para garantizarse que la líder de la Tupac no pudiera recuperar la libertad. La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, por la que Milagro sigue con prisión preventiva, hiberna desde marzo de 2020 en los despachos de la Corte Suprema.

Durante todo este tiempo que Milagro Sala esta presa, atravesó seis juicios orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro en la justicia ordinaria y otro en fuero contravencional. Mientras tanto, dos causas se encuentran en etapa de investigación y otras cinco han sido elevadas a juicio.

Sin reforma judicial, no pasaba nada

Una de las primeras cosas que hizo Morales al llegar al poder en Jujuy, fue cambiar figuras del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y lograr que le votaran una ampliación del tribunal para tener una mayoría propia. Su presidenta y la cabeza de la avanzada judicial en Jujuy fue la ex diputada radical nacional y provincial, Clara de Falcone. La nominó Morales cuando todavía estaba en la oposición y logró que la nombraran apenas se supo que había ganado las elecciones.

Luego Morales consiguió que el Superior Tribunal pasara de cinco a nueve miembros. Tres días después, nombró cuatro nuevos jueces. Dos de ellos eran legisladores de la UCR que acababa de votar esa ampliación: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Como contó en este diario el periodista Horacio Verbitsky, Falcone inmediatamente después nombró a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, mientras que el titular del Ministerio de la Acusación (también creado en diciembre del 2015), Sergio Sánchez Lello, creó una fiscalía especial para las causas de Sala y puso a su amiga por aquel momento Liliana Fernández de Montiel, quien luego, se declaró enemiga política de su jefe.

Las denuncias de Sala contra lo que vino después son reiteradas y conocidas: el fiscal de Estado Mariano Miranda la denunció y logró que la metieran presa, luego de que el fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito.

El gobierno de Morales -que ahora busca presentarse como un «moderado» frente a los «halcones»- denunció a este fiscal por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

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