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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será el que se ocupe del «operativo de seguridad pública» en el marco de la manifestación de este miércoles que encabezarán los jubilados y jubiladas junto a gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). El Ministerio de Seguridad de la Nación, por su parte, tendrá que abstenerse de «intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (…) más allá de los límites legales de la protección de intereses federales».
Así lo resolvió el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo al hacer lugar a una medida cautelar en la que le ordena a la administración de Jorge Macri que se haga cargo del «despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan».
Tras conocer la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».
Gallardo tomó esta decisión a partir de un amparo presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario general y representante legal de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que reclamaron que el gobierno porteño no convalide ni legitime la intervención de fuerzas de seguridad nacionales en territorio porteño y que se garantice «la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes de la Ciudad».
Pidieron también que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”. Como es claro, ya desde las primeras movilizaciones en 2024, la ministra Patricia Bullrich impuso a las fuerzas federales en los operativos frente a manifestaciones pacíficas, que en reiteradas oportunidades terminaron con gran cantidad de heridos y detenidos.
Los argumentos
«Es preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”, dice la resolución de Gallardo.
Recuerda, además, que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió al protolo del Ministerio de Seguridad que considera la protesta como un delito en flagrancia, con la excusa de evitar los cortes de calles, pese a que son los uniformados quienes terminan bloqueando la circulación.
Gallardo sostuvo que el reclamo judicial no es «un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública».
Advirtió que existen riesgos reales como «lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión» encuentran «sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. No son conjeturas ni hipótesis, sostuvo, ya que la «opresión a la autonomía» de la CABA ya ocurre.
“En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”, afirma. A eso agrega que «en las concentraciones realizadas con anterioridad se evidenció que el despliegue de las fuerzas federales en el ámbito de esta Ciudad se extendió por arterias que se alejaban notoriamente de las inmediaciones de los edificios donde tienen asiento poderes federales”.
Para Gallardo hay doble responsabilidad: del gobierno nacional en sus abusos y del gobierno porteño, que abandona sus funciones. “Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes”, alerta.
«Puede aseverarse que cualquier resolución o normativa de nivel federal que imponga directrices específicas sobre cómo debe manejarse el orden público y las fuerzas de seguridad, especialmente en lo que respecta al corte de vías de circulación en jurisdicción local que no se encuentran involucrado el interés federal, podría interpretarse como una intrusión en las competencias exclusivas de la CABA», dijo el juez. “Resulta elemental destacar que la CABA no ha adherido al Protocolo establecido por la resolución ministerial n° 943/2023. La adhesión a este tipo de normas por parte de la jurisdicción local no se puede presumir, sino que requiere de un acto formal de adhesión por parte de las autoridades locales competentes”, aclaró.
La cautelar va notificada a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.
Bullrich denunció al juez
Tras conocer la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo «por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».
El ministerio a cargo de Patricia Bullrich informó que la demanda presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, que solicitaba impedir la intervención de fuerzas federales en la manifestación de este miércoles, «se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez».
El escrito presentado por el Ministerio de Seguridad ante el Consejo de la Magistratura señala que ya existía un fallo previo —expediente “Red Federal de Derechos Humanos”— en el que un planteo idéntico fue rechazado in limine por falta de legitimación activa y por tratarse de un reclamo abstracto. «Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones habían determinado que la justicia porteña carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la justicia federal», señalaron en un comunicado de prensa .
Para Bullrich, el juez Gallardo «ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir; habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés, y ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de actuar en el territorio porteño, más allá de los denominados ‘intereses federales’”.
«El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional», afirmó.
En este sentido, solicitó al Consejo de la Magistratura que inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, «cuyo accionar, según se afirma en la presentación, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas».
