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Hace unas horas atrás, comenzó un juicio oral y público contra un juez penal en Jujuy. Se trata de ajusticiar a Jorge Zurueta, que está sentado en el banquillo de los acusados por el delito de «encubrimiento agravado». El hecho pasó hace casi nueve años atrás.
La causa contra Zurueta se reactivó, luego que él magistrado en el mes de noviembre del año pasado, presentará un pedido de jury en la Legislatura contra el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello (ahora devenido en Procurador General), por «encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». Tras esa presentación, el juez de control penal N°1, fue apartado de su cargo por la Corte Suprema de Justicia de Jujuy.
En el medio hay un claro tinte político, además de hostigamiento y persecución contra Zurueta, a quien el titular del MPA, le armó una causa, cuando era funcionario del ex gobernador Eduardo Fellner, de encubrimiento real y personal agravado por su condición de funcionario público. Zurueta era secretario de Seguridad Pública.
Durante la primera audiencia del proceso judicial, él miércoles pasado, se presentaron testigos que presenciaron los hechos, que sucedieron en la madrugada del día 17 de julio de 2015, cuando hubo un simple accidente de tránsito aproximadamente a la 1:30.
En ese momento, el ex juez, llegó casi simultáneamente con la policía al lugar del accidente. Se lo acusa de haber ordenado que dos de los ocupantes de uno de los vehículos implicados, amigos suyos, abandonaran el lugar sin someterse a un control de alcoholemia, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron arrestados y esposados.
En una esquina céntrica de San Salvador de Jujuy se produjo una fuerte colisión protagonizada por dos vehículos particulares: una camioneta embistió a un pequeño automóvil. Los ocupantes del vehículo impactado fueron detenidos, esposados y alojados en una comisaría; dos personas que iban en la camioneta que provocó el siniestro vial se fueron del lugar sin ser sometidos al control de alcoholemia correspondiente.
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Según los testigos del hecho, en la intersección de las calles Otero y Alvear, Zurueta llegó al lugar y, según los relatos de testigos, habría “despachado a dos de los ocupantes” de la camioneta “porque eran amigos de él”, describió el fiscal Diego Funes, quien junto al fiscal Marcelo Cuellar llevan el caso en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El juicio oral y público se realiza en la sede del Tribunal en lo Criminal, con la presidencia de Felicia Barrios y los vocales, Luciano Yapura y Pamela de las Cruces.
Funes explicó asimismo que el hecho que se estuvo investigando fue el presunto encubrimiento en que habría incurrido Zurueta ante un posible caso de “lesiones culposas en accidente de tránsito, ya que los dos ocupantes (del vehículo de mayor tamaño), que serían amigos del imputado, iban a bordo de la camioneta y embistieron a un Volkswagen Gol color blanco en la intersección de las calles Otero y Alvear”.
“Ése fue el delito precedente, y el delito que se encubre -reiteró Funes- son las lesiones culposas en accidente de tránsito”, frente a lo cual la omisión del control de alcoholemia impidió recabar pruebas esenciales para la investigación “y que se perdieron para siempre”, completaron las fuentes del MPA.
La omisión del control de alcoholemia impidió recabar pruebas esenciales para la investigación, consideró el MPA y por eso elevó la causa a juicio que se lleva a cabo actualmente.
Zurueta tiene en su contra tres causas penales y dos pedidos de jury de enjuiciamiento presentados por Lello, pero «esas acusaciones son inexistentes, fácticamente incomprobables, pero lamentablemente Lello usa estas herramientas para presiones y perjudicar a jueces», le dijo el letrado a la prensa local, allá por el mes de noviembre en la sede del Poder Legislativo.
El apartado juez intervino en la protesta de las comunidades aborigenes y diversas organizaciones en torno a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, aprobada y jurada el 20 de junio pasado.
En ese contexto, a partir de un habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para frenar la represión que hubo en esa fecha frente a la Legislatura, el juez solicitó a la policía de la provincia que «se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes» y llamó al Gobierno de Morales «a iniciar una instancia de mediación».
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