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En la medianoche de este viernes venció el plazo que tenía el Estado nacional para resolver la situación de Milagro Sala en función de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió medidas para salvaguardar la integridad y vida de la dirigente social, que este sábado cumple 574 días de detención en el penal de Alto Comedero. El dictado de prisión domiciliaria se vislumbra como inminente, aunque todo indica que será después de conocidos los resultados de las PASO.
Las especulaciones de los últimos días indicaban que ni el gobierno nacional ni el provincial querían que Milagro Sala abandonara la cárcel antes de las PASO de este domingo, porque eso podría incidir en el resultado de las elecciones, ya que los votantes de Gerardo Morales podrían repudiar una decisión en ese sentido al momento de poner su voto en la urna. Sobre todo, teniendo en cuenta las palabras del gobernador en los últimos actos de campaña, en los que agitó una dura posición frente al organismo internacional, a cuyos representantes tildó de «burócratas que viven en Washington».
Sean cuales sean las razones, cumplido el plazo, Milagro Sala permanece en la Unidad 3 de la Cárcel de Mujeres.
El eventual dictado de prisión domiciliaria para la dirigente social es por estas horas la única variante que el gobierno y la justicia de la provincia evalúan para cumplir con el dictamen de la CIDH. Sin embargo, vale recordar que el organismo solicitó que, en caso de que no se le otorgue la libertad -tal como se había solicitado en diciembre pasado- se evalúen «alternativas» a la prisión preventiva. Y sugirió la domiciliaria o la fiscalización electrónica.
No obstante, en la medida cautelar la CIDH reafirmó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU había pedido «su liberación inmediata» tras haber concluido que su detención es «arbitraria».
En el camino hacia la domiciliaria, entonces, el juez Gastón Mercau encabezó en la mañana de este jueves una inspección en la casa de Milagro Sala. “Vinimos a ver las condiciones que hay para una eventual prisión domiciliaria, en cuanto a las posibilidades de seguridad, custodia, las condiciones de las viviendas. Después se hará la evaluación y se decidirá”, explicó a los medios Mercau al finalizar el trámite en la casa de la calle Gordaliza.
El juez penal Pablo Pullen Llermanos, que lleva otra de las causas en las que Sala tiene dictada la preventiva, recibió de su colega las presentaciones de los defensores de Milagro Sala según las cuales el inmueble ubicado en la localidad de El Carmen no está en condiciones para ser habitado.
‘La ciudadanía está molesta’
En tanto, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Clara de Langhe de Falcone, interpretó en diálogo con medios de prensa locales que el plazo impuesto por la CIDH no se refiere a la situación de detención de Sala sino a que el Estado debe informar sobre sus acciones en ese sentido.
«Los plazos no son perentorios, es una medida cautelar donde los plazos juegan para informar a la CIDH qué hará el estado nacional”, dijo Falcone, en sintonía con declaraciones similares que había hecho el juez Mercau algunas horas antes.
La suprema aclaró que “los jueces tienen la libertar de decidir si acatan, si no acatan, si hacen esto o si hacen aquello”, en referencia a Mercau y Pablo Pullen Llermanos, que son los que llevan adelante las causas en las que la dirigente social tiene dictada la preventiva.
Falcone fue categórica: «No hay libertad para Milagro Sala», y agregó: «Hára, o no, cambio de lugar en cuanto a la prisión».
«Eso debe entender el organismo internacional porque la ciudadanía que está muy molesta por esta resolución”, señaló, aunque aseguró que «estamos obligados por los tratados internacionales, artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que formamos parte de los organismos internacionales, a acatar las resoluciones. Esta no es vinculante, pero hemos firmado, por eso tiene carácter constitucional”.
Se estima que durante este fin de semana o al inicio de la venidera, los dos jueces deberían remitir un informe al Poder Ejecutivo nacional, para que éste a su vez informe a la CIDH.
Fricciones
En la tarde de este viernes, el juez Gastón Mercau rechazó el pedido del fiscal Diego Cussel de nulidad de la inspección a los domicilios de Milagro Sala.
Cussel se había manifestado molesto porque, según fuentes cercanas, «lo dejaron afuera» de las medidas que tomó Mercau en relación con la cautelar de la CIDH.
Pero Mercau fue claro: rechazó su escrito argumentando que la disposición no estuvo relacionada con las causas en las que interviene Cussel sino con la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, Mercau le dio a la cautelar un carácter asimilable al de hábeas corpus.
