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El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Caracas.
El funcionario señaló que se realizará una revisión integral en los próximos 30 días de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada en septiembre de 2019 con la entidad, que fue renovada continuamente hasta la actualidad.
De momento, el país suramericano solicitó que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
En declaraciones a la prensa, Gil dijo que se trata de «una decisión administrativa» que suspende la colaboración y el funcionamiento de esta oficina, porque «se ha desviado de su mandato».
#Comunicado Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de… pic.twitter.com/6OUb85cCIf
— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024
«Caja de resonancia» de la oposición
Mencionó que esa oficina fue creada «para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorar, para optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en Venezuela», pero «se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana».
Agregó que esa instancia terminó siendo una oficina «hemipléjica», que «solo piensa hacia un lado, al lado derecho o al lado de la extrema derecha, solo protege a personas que han intentado subvertir, no solamente el orden constitucional, sino generar violencia generalizada en Venezuela».
«No hemos visto ninguna declaración ni la más tímida de la oficina en Caracas, y no se diga de la oficina del alto comisionado, condenando o manifestando su preocupación porque grupos violentos traten de generar o traten de asesinar al mandatario venezolano (Nicolás Maduro) y a algunos de sus dignatarios», expresó.
En cambio, dijo el ministro, han visto a esa oficina técnica «muy activa cuestionando el accionar de los órganos públicos del Estado» venezolano, lo cual no es tolerable.
Frente a su actuar, «las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la oficina del alto comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos», pero esa instancia ha exacerbado sus ataques contra Venezuela», dice un comunicado, también publicado por el canciller en su cuenta en X.
Gil indicó que si la oficina del alto comisionado realmente está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos, «lo primero que tiene que hacer es cooperar de manera estrecha con el Gobierno nacional, combatiendo los intentos de destrucción de la institucionalidad venezolana».
Asimismo, mencionó que deberían combatir «los efectos de las medidas coercitivas unilaterales» que se han aplicado contra Venezuela y «ser más activos en solicitar su eliminación».
Seguirá la cooperación
Pese a la decisión anunciada este jueves, Gil dejó claro que Caracas mantendrá todos sus compromisos en materia de derechos humanos. «Nosotros vamos a seguir la cooperación, vamos a seguir avanzando y potenciando la protección de los derechos humanos a través de nuestro plan nacional, vamos a seguir interactuando con todas las instancias internacionales que se dedican verdaderamente al tema de la protección de los derechos humanos, vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos como miembros de la Organización de Naciones Unidas y como promotor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», enfatizó.
Señaló que Venezuela «no tiene doble rasero» y no es como otros Estados que «usan el discurso de los derechos humanos para atacar o para posicionar posiciones ideológicas».
RT
