El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles sendas recusaciones contra un juez de la Cámara Federal de Casación Penal y el fiscal de esa instancia que intervienen en la causa Vialidad, y solicitó que las audiencias de revisión de su condena se suspendan hasta que los planteos sean resueltos, para evitar nulidades posteriores.
La defensa de la dos veces presidenta de la Nación presentó un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existen «razones objetivas» que «ponen en crisis» la objetividad del fiscal Mario Villar y la imparcialidad del juez de Casación Diego Barroetaveña.
Los planteos fueron realizados ante la Sala IV de la Cámara de Casación, que integran también los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quien deberán definir en las próximas horas si sostienen o postergan la audiencia prevista para mañana en la que estaba previsto continuar con las apelaciones a la condena de Fernanández de Kirchner y los demás acusados de este caso.
Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición «autocontradictoria» con las que él mismo había expuesto en otros expedientes que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro.
«A efectos de evitar posibles nulidades», los letrados reclamaron que «se suspendan las audiencias fijadas, hasta tanto el presente planteo sea resuelto por sentencia firme».
Al referirse al fiscal Villar, la defensa dijo que «ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance (terminología utilizada por la Cámara de Apelaciones del fuero) en contra de la expresidenta de la Nación».
«Así, por un lado, a efectos de revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 5 en el marco de las causas «Hotesur» y «Los Sauces», el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente, para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal liderada por Cristina Fernández de Kirchner», sostuvieron los abogados.
«La actuación autocontradictoria llevada a cabo por el Dr. Villar, siempre para esgrimir pretensiones punitivas en contra de nuestra representada, permite cuanto menos poner seriamente en duda su objetividad en el caso, situación que da sobrado fundamento a la petición de apartamiento postulada», señalaron.
Al juez Barroetaveña le achacaron haber reconocido, en otro expediente, «la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios».
«Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia», indicaron.
Audiencias
El cronograma de audiencias está ahora bajo revisión, frente a la presentación realizada por la defensa de Cristina Kirchner.
Para este jueves estaba previsto que los jueces de Casación comenzaran a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La segunda audiencia está prevista para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Para el próximo 7 de marzo está programada la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy. Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
Télam
