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La diputada mandato cumplido Cristina Romano fue despedida de su trabajo en la Legislatura de la provincia, donde se desempeñaba como empleada, sin cargo político de ninguna índole. La ONG Juanita Moro, de la que es presidenta, calificó la cesantía como una «vergonzosa maniobra de violencia política» y recordó que 2015 Romano ya había sufrido presiones por no haber aceptado integrar el Frente Cambia Jujuy, como se llamó entonces la alianza electoral que llevó a Gerardo Morales a la gobernación.
Romano tiene una vasta trayectoria en la lucha por los derechos de mujeres, diversidades y niñeces, tanto a nivel provincial como nacional e internacional. «A estas alturas ya no nos sorprende la saña con que se manejan sobre todo con las mujeres dirigentes que enfrentan las políticas violentas y autoritarias de este gobierno. Ya vimos lo que sucedió con la diputada Alejandra Cejas, que fue suspendida por 90 días de la Legislatura, también por ser mujer y opositora al gobierno de turno», expresaron desde la Juanita Moro a través de un comunicado.
Recuerdan que «el ataque contra Cristina Romano no es nuevo, en el año 2015 fue perseguida y difamada por su decisión de no integrar un frente neoliberal en la provincia, siendo coherente con sus convicciones políticas». A mediados de ese año, siendo diputada provincial, Romano se alejó de la UCR pocos meses antes de finalizar su mandato y se sumó al partido Concertación Forja. Desde el radicalismo la acusaron de haberlo hecho por dinero. “Nosotros no pertenecemos a la derecha ni a las corporaciones”, dijo ella en ese momento.
«Instamos a desnaturalizar estos hechos de violencia política en nuestra provincia; toda vez que implican prácticas mafiosas para disciplinar y/o cooptar las voces disidentes, militantes y comprometidas; atentando contra la fuente de trabajo e ingresos de una trabajadora. Hoy en contexto de pandemia, las mujeres pagan un alto costo a merced de un Estado que sigue vulnerando sus derechos más elementales», indicó la Juanita Moro en su comunicado.
Sobre el final, remarcaron que en la provincia existe una ley de paridad, a la que califican como «un gran avance institucional y democrático fruto de la militancia y activismo feminista», pero expresan: «Lamentablemente estos hechos muestran la resistencia y el perfil autoritario, persecutorio e impune que este gobierno ostenta contra dirigentes políticos opositores desde su asunción en 2015».
El comunicado completo
