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Al menos tres detenidos y varias personas con lesiones es el saldo registrado hasta el mediodía de este martes en la comunidad Cueva del Inca, ubicada en Villa Florida, Tilcara, en el marco de un desalojo ordenado por la jueza Lis Valdecantos Bernal. En ese territorio vive un centenar de familias que hace años vienen resistiendo el intento de avance de un emprendimiento hotelero.
«La policía atropelló a mujeres, le han pegado patadas a los ancianos», describieron integrantes de la comunidad mientras cerca de 80 efectivos de Infantería avanzaban sobre los grupos de personas que intentaban defender sus viviendas y sus tierras de sembradíos y pastoreo.
Los detenidos en el marco del operativo son Walter Condorí, Rafael Herrera y Sebastián Copello. No hay información oficial sobre otras detenciones ni sobre heridos que hayan debido ser asistidos.
El conflicto es de larga data. «Hace años tenemos un juicio con un hotelero», relató a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Silvia Durand, integrante de la comunidad Cueva del Inca, en referencia a Carlos Vázquez y Natividad Cruz, propietarios del hotel Canto del Viento.
«Reprimieron incluso a nuestros mayores. No les importó nada. También tenemos detenidos y heridos», agregó la mujer.
El territorio que habita la comunidad, compuesta por unas cien familias, está en disputa desde hace varios años, con medidas cautelares dispuestas para que no se avanzara con el desalojo. «Esto no se podía vender, pero igual vendieron», precisó Durand.
Por su parte, Javier Mamaní, otro integrante de la comunidad, detalló a El Submarino Radio: «La familia Mendoza, de Tilcara, dice ser dueño de todas estas tierras, y le vendió esta parte a Carlos Vázquez para que haga un hotel, que tiene más de 100 turistas. Además se compró una cancha deportiva de abajo».
«Hay un terrateniente que dice ser dueño también de todo este territorio. Pero ellos nunca hicieron posesión, nunca se presentaron acá, nunca movieron una piedra en su vida. Esto siempre fue nuestra posesión de la familia, 100 familias que hemos habitado siempre», agregó Mamaní.
El comunero aclaró: «Nosotros no estamos peleando nada de su hotel. Eso está fuera de nuestra jurisdicción, de la comunidad. Lo que pasa ahora es que el señor quiere adueñarse de 10, 15 hectáreas más, y eso sí es la comunidad. Ahí tenemos nuestra vivienda, nuestros animales. Y nosotros tenemos todos los papeles, tenemos el reglamento territorial de la comunidad, tenemos estudio antropológico, tenemos la carpeta del INAI que nos pide el gobierno, tenemos todo. Y aparte tenemos la posesión. Nosotros sí vivimos acá».
Los pobladores de este territorio sospechan que «hay testaferros, gente muy poderosa que está viniendo a acaparar todas las tierras, y nosotros no tenemos dónde vivir», dijo Mamaní.
«Estas tierras son de las comunidades y las familias van creciendo y vamos tener nuestros hijos y tenemos derecho también a vivienda. Siempre hemos vivido acá y ahora nos quieren sacar», agregó.
‘Actitudes racistas’
El Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas de Jujuy «Narciso López» difundió un comunicado desde la permanencia en Abra Pampa en repudio al desalojo de la comunidad Cueva del Inca.
«Hacemos responsables de lo que pueda suceder al poder judicial, jueces, fiscales y abogados cómplices del despojo territorial; el gobierno de la UCR -ahora disfrazado de Jujuy Crece- que son autores de una reforma inconstitucional del 2023 y autores responsables de los despojos a las comunidades indígenas de los derechos, territorio, agua y el buen vivir», afirman en el texto.
Más adelante convocan «a la sociedad en general, a las diferentes organizaciones sociales, de pueblos originarios, ambientales, barriales, de derechos humanos y otras» a sumarse al repudio y «a organizarnos para defender los derechos consagrados y vigentes en la actualidad y poner freno a las políticas de despojo, persecución y criminalización a los dirigentes sociales, ambientales, DDHH».
También llaman a repudiar «las políticas de saqueo que este modelo de gobierno propone, a no seguir avalando este tipo de actitudes racistas y antiderechos que proponen los gobiernos de turno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional».
