Visita a genocidas condenados: Más de dos meses y ninguna respuesta

Junto con otros organismos de derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo presentó una nota a los distintos bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación, reclamando «que se investigue de una vez el plan de impunidad para genocidas del que participó un grupo de legisladores de La Libertad Avanza».

En el texto, que entre otros también firman Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los organismos repasan las sanciones que pidieron sanciones contra los diputados: el 19 de julio le enviaron una nota a Martín Menem que nunca respondió; el 7 de agosto estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos, y el 28 expusieron en la comisión de Peticiones.

Para los organismos, no hay dudas de que los diputados fueron parte de un plan de impunidad que incluía a un grupo más amplio, integrado por el cura Javier Olivera Ravasi, el juez jubilado Eduardo Riggi, abogados defensores de criminales de lesa humanidad y también mencionan a una jueza. La referencia evoca a Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, quien, según Olivera Ravasi, habría participado de una reunión en marzo de este año.

Ese plan de impunidad, además, se evidenciaría en dos proyectos de ley: uno que suspendía la investigación de hechos después de los 20 años de cometido el delito y otro para otorgar la prisión domiciliaria de manera automática a los mayores de 70 años. También mencionan un proyecto de decreto que establecía la extinción de la acción penal a los 25 años; un compromiso de los diputados Benedit y Ferreyra Ugalde de llevarle las iniciativas al presidente Javier Milei, y un acuerdo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, para facilitar el ingreso a las cárceles de Benedit y sus colegas.

❌ Más de dos meses y ninguna respuesta. #Abuelas, con otros organismos de #DerechosHumanos, presentó una nota a los bloques de @DiputadosAR. Exigimos que se investigue el plan de impunidad para represores y sanciones acordes a la gravedad de los hechos

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— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) September 17, 2024

La nota

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes, en nuestra lucha por la defensa irrestricta de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos dirigimos a este bloque con profunda preocupación debido a que a más de dos meses de la visita de diputadas y diputados de La Libertad Avanza a personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza como parte de un plan de impunidad, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación no ha dado una respuesta institucional al conjunto de la sociedad, que ha manifestado su rechazo a este hecho de alta gravedad y sin antecedentes.

Junto con el hecho de la visita, además, se conoció una publicación de un mensaje adjudicado al diputado Beltrán Benedit, que habría sido enviado a través de la aplicación Whatsapp a un grupo del bloque de La Libertad Avanza. En dicho mensaje se alude a los perpetradores condenados como “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista” y se califica la visita realizada como humanitaria. Las declaraciones allí vertidas constituyen una lisa y llana reivindicación del terrorismo de Estado y un inaceptable agravio a sus víctimas y familiares, por lo que hemos solicitado se investigue si son de autoría del diputado mencionado y, en caso de serlo, se apliquen las sanciones correspondientes.

A lo largo de estos más de dos meses, los organismos de derechos humanos hemos expuesto lo sucedido y nuestra posición al respecto en diversas instancias. En primer lugar, el 19 de julio hemos enviado una nota al Presidente de la Cámara, Martín Menem, que a la fecha no ha respondido. El mismo día hemos remitido la referida nota a cada uno de Uds. Asimismo, nos hemos expresado en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías el 7 de agosto y en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento el 28 de agosto. Por otra parte, hemos establecido diálogo con integrantes de distintas fuerzas políticas que componen la Cámara y han tenido la voluntad de recibirnos y escucharnos.

A su vez, con el paso del tiempo se hicieron públicas otras circunstancias vinculadas con la visita, que requieren que esta Cámara disponga la investigación de los hechos a fin de determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas y arbitre las medidas necesarias para que hechos como estos no se repitan.

Por un lado, trascendió que esta visita fue parte de una serie de encuentros sostenidos entre legisladores de La Libertad Avanza y personas condenadas por delitos de lesa humanidad con el objeto de delinear, en conjunto con el ex magistrado Eduardo Riggi, una jueza de la Nación y abogadas y abogados, estrategias para garantizar su impunidad. Entre ellas:

1) Un proyecto de ley para incorporar como causal de extinción de la acción penal el transcurso de veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, sin que se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo.

2) Un proyecto de ley que prevé el otorgamiento automático de la prisión domiciliaria si se verifica alguna de las causales de la Ley de Ejecución Penal; la imposibilidad de prorrogar la prisión preventiva cuando el imputado sea mayor de 70 años; y la prohibición de que se ordene respecto de personas mayores de 70 años la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

3) Un proyecto de decreto que estipula que la acción penal se extinguirá transcurridos 25 años de la comisión del delito.

De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se habían comprometido a hacerle llegar estos proyectos al Presidente de la Nación.

Asimismo, trascendió públicamente que Beltrán Benedit habría acordado con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, el ingreso de sus colegas “sin inconvenientes” a la referida unidad penitenciaria. Y, en sintonía, ha tomado estado público que no se cumplió con la normativa vigente sobre visitas a establecimientos penitenciarios. En efecto, no se procedió al registro de las y los ingresantes, no se consignaron íntegramente sus datos en el libro correspondiente y se permitió el ingreso de dispositivos móviles.

Cabe destacar que ninguno de estos hechos se conoció debido a medida de investigación alguna promovida por esta Cámara, a pesar de que tanto los organismos de derechos humanos como diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas lo requerimos oportunamente.

Consideramos que para continuar consolidando nuestra Democracia es fundamental que los tres poderes del Estado sostengan su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. En este sentido, si quienes integran el Poder Legislativo, elegidos por mandato popular, incurren en conductas contrarias a lo que establecen nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, es fundamental que en su ámbito de desempeño se produzca una respuesta acorde en un tiempo razonable.

Al respecto, destacamos que frente a otras situaciones la Cámara ha definido de manera más expeditiva la creación de comisiones especiales para su investigación y determinación de responsabilidades.

Tal fue el caso de la COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR DURANTE EL AÑO 2001, CUYOS MONTOS SUPEREN LOS CINCO MIL DÓLARES, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS (expediente 7647-D-2001), presentado el 2 de enero de 2002, fue aprobado por el cuerpo el 23 del mismo mes.

Otro precedente es la creación de la COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA DESAPARICIÓN, BÚSQUEDA Y OPERACIONES DE RESCATE DEL SUBMARINO «ARA SAN JUAN» (expediente 6514-D-2017). El respectivo proyecto fue presentado el 6 de diciembre de 2017 y aprobado por la Cámara el 19 y por el Senado el 27 del mismo mes.

Asimismo, queremos destacar que en otros casos en los que el cuerpo ejerció sus potestades disciplinarias, el trámite se llevó adelante con una mayor celeridad.

Por ejemplo, en el caso del diputado Ángel Arturo Luque, los dichos que motivaron su exclusión se hicieron públicos el 8 y 9 de abril de 1991. La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió el dictamen correspondiente el 18 de abril de ese año, y el mismo día se trató en el pleno[1].

Asimismo, en el caso de la diputada Norma Ancarani de Godoy, se presentaron distintos proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 12 (0390-D-2002), 13 (0397-D-2002), 14 (0458-D-2002) y 15 (0520-D-2002) de marzo de 2002. la mencionada comisión produjo el dictamen correspondiente el día 5 de abril de 2002[2] y la Cámara lo consideró el 10 de abril del mismo año[3].

Más recientemente, en el caso del diputado Juan Emilio Ameri, la Cámara aprobó la conformación de la comisión especial prevista en el art. 188 del Reglamento en la misma sesión en la que se produjo el hecho.

El plan de impunidad del que son parte las y los diputados aquí cuestionados junto con otros agentes públicos colisiona con las obligaciones del Estado que imponen la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y la reparación integral de sus víctimas.

La gravedad de la situación demanda que las y los miembros de esta Cámara tomen una decisión y que lo hagan de cara a la sociedad que las y los votó.

Sin otro particular, saludamos atentamente

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Asociación Buena Memoria
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina