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Por Luciana Bertoia*. La Corte Suprema aprobó el protocolo que unifica los criterios para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. La iniciativa había despertado entusiasmo en el mundo militar, donde creen que puede ser una puerta que se abre para que los pocos represores que están presos dejen las cárceles –entre los que se cuenta a algunos emblemas del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta o Christian von Wernich–.
El tema dividió las aguas dentro del máximo tribunal. La resolución 2867/2026, que aprueba el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, salió únicamente con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti, explicaron en su vocalía, devolvió el proyecto sin su firma.
El protocolo, que se oficializó en el acuerdo del jueves, será girado a las cámaras con competencia penal, a la dirección que se ocupa de la ejecución de la pena y a distintas dependencias del Gobierno nacional, como los ministerios de Seguridad y de Defensa.
El 21 de agosto pasado, los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2026, a través de la cual le ordenaron al decano del Cuerpo Médico Forense (CMF) que en un plazo de 30 días corridos redactara un protocolo. Uno de los puntos que le pidieron los supremos al CMF era que contemplara si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, informara si contaba con las condiciones necesarias para brindar tratamiento a determinados internos.
Como viene informando Página/12, el SPF ha dicho en varias oportunidades que no podía alojar a adultos mayores en varios casos de lesa humanidad. Uno de los que recibió esa respuesta fue Juan Daniel Amelong, el represor multicondenado al que Victoria Villarruel describió como una víctima en su debate con Agustín Rossi en 2023.
Hace más de un mes que el protocolo esperaba en la Corte, tal como publicó este diario. Sin embargo, los supremos aprovecharon la semana de la visita del Papa para firmar la resolución. Fue un día después de que León XIV visitara el penal de Devoto, adonde el cura represor von Wernich pretendía que lo trasladaran para estar cerca del pontífice. El rechazo de la justicia detonó la ira de otro condenado a perpetua, el “Tigre” Acosta, que despotricó en una carta pública.
En estos días también se supo que el SPF pretendía llevar a otro represor condenado a perpetua, Miguel Pérez, a la misa que el Papa ofreció en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba. El intento se frustró por decisión de la Justicia.
En el Palacio de Talcahuano le atribuyen a Rosatti haber motorizado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y mientras arreciaban las versiones sobre una posible jugada del Gobierno para favorecer a los detenidos por crímenes aberrantes.
El protocolo fue saludado por el Foro Argentino de Defensa, que señaló que podría tener “consecuencias relevantes” para los represores presos. De hecho, el diario La Nación lo presentó como un protocolo enfocado directamente en los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La Red Nacional de H.I.J.O.S. advirtió que la acordada de la Corte era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar”, señalaron en un comunicado.
Dos semanas después de que los cortesanos firmaran la acordada 21, Cecilia Pando entró al Ministerio de Justicia para reunirse con Santiago Viola, número dos de la cartera y hombre de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Pando e integrantes de la asociación Justicia y Concordia hablaron de las domiciliarias.
Las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) publicó el 14 de septiembre pasado muestran que hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias. Cincuenta y ocho de ellos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.
* En Página/12
