35 años del inicio del Juicio a las Juntas Militares

Por H.I.J.O.S. Jujuy. “Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gente de pluma y de palabra. Exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos (…) Sigamos lanzando palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo” Julio Cortázar en “Nuevo elogio de la locura”, 1982.

Un 22 de abril, pero de hace 35 años, tras dieciocho meses de democracia y gracias a la lucha indeclinable de las organizaciones de derechos humanos, en especial las madres y abuelas de plaza de mayo que se negaron valientemente a soportar la “auto-amnistía” decretada por el último dictador Bignone, comenzaron a desfilar los jerarcas del proceso por las audiencias de la Cámara Federal de Buenos Aires.

Aquel histórico 22 de abril de 1985 en el Palacio de Tribunales iniciaría un juicio histórico a las juntas que habría sido dispuesto por el entonces presidente, Raúl Alfonsín, mediante la sanción del decreto 158, firmado el 13 de diciembre de 1983, el cual disponía el procesamiento de las tres primeras juntas militares que ejercieron el terrorismo de estado en el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

El Gobierno Nacional propuso tres niveles para juzgar la responsabilidad de los genocidas: quienes dieron las órdenes; quienes las cumplieron y quienes “se excedieron”. Afirmación que luego sería rebatida por los organismos de derechos humanos y se vería plasmada en la histórica consigna de “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso” .

La clave del juicio se basaba en que la fiscalía pudiera probar la responsabilidad penal de los nueve comandantes encargados de instaurar, dirigir y perpetuar el terrorismo de estado: por el Ejército: Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; por la armada: Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y por las fuerzas aéreas: Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

Para poder juzgar a los represores se tuvo en cuenta, como precedentes, el juicio a los comandantes de la dictadura griega y, en materia de derechos humanos, se retomaron los juicios de Nüremberg contra los jerarcas nazis en 1946. De estos hechos históricos se recurrió como antecedentes a la figura del derecho alemán, usada en los casos contra oficiales del nazismo: el autor mediato. Es decir, aquel que media entre el delito y quien lo comete, que es el autor inmediato.

Es necesario destacar el trabajo incansable de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada el 15 de diciembre de 1983; comisión que estuvo encargada de redactar un informe presentado el 20 de septiembre de 1984, en el cual se dató la investigación que registró y certificó 8961 desapariciones durante la dictadura, así como el funcionamiento de más de 300 centros clandestinos de detención y el modus operandi de la represión: secuestro, tortura y asesinato.

En Jujuy en 1984, como en todas las provincias del país, se constituyó una Comisión Bicameral a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas y los violatorios de los derechos humanos ocurridos en la provincia. Cientos de jujeños relataron la crueldad a las que los había sometido el terrorismo de Estado. Sus testimonios contribuyeron con valiosa información, que luego, sería parte de la prueba testimonial y documental en el proceso judicial contra los cabecillas de la dictadura.

Luego, en la audiencia oral del 11 de julio de 1985, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la sala de esa cámara, se escuchó la declaración testimonial de: Mercedes Zalazar, Gladis Artunduaga, Elena Mateo, Eblogia Garnica, Ricardo Ovando, Humberto Filemon Campos, Héctor Narváez, Carlos Alberto Melian, Eduardo Maldonado, Eduardo Sleibe Rahe, Alfredo Rolando Calbó. Todos procedentes de Jujuy.

Eblogia Garnica, Rita como a ella le gustaba que la llamaran, había sido secuestrada durante “La noche del apagón” junto a sus dos hijos, Miguel y Domingo, y cuyo marido, Donato permaneció detenido alrededor de 8 años.  Previo a declaración testimonial, al momento del juramento de rigor cuando le preguntan: ¿Es ud. pariente, amiga o enemiga de los ex comandantes militares enjuiciados este proceso? . Rita, firme y orgullosa, como vivió su vida, respondió lo que seguramente la mayoría de los testimoniantes sentía en ese momento,: “Enemiga”.  La repregunta no se hizo esperar, ¿Se considera enemiga?, ella volvió a afirmar: “SI!”. Nadie se había atrevido a decirlo abiertamente.

Casi ocho meses duró el juicio y finalmente llegó la sentencia. El 9 de diciembre de 1985 se condenó a Videla y Massera a prisión perpetua. Viola recibió 17 años, Lambruschini ocho y Agosti cuatro, en tanto que el resto de los acusados quedaron absurdamente absueltos. Ese mismo día se instauraría como lema de lucha, el alegato “Nunca más” que, hasta el día de hoy, continúa siendo una consigna innegociable en contra de los delitos cometidos de lesa humanidad.