Pedirán que la ONU investigue la subordinación de la justicia jujeña al poder político

Organismos de derechos humanos preparan un documento dirigido al relator de Naciones Unidas sobre la autonomía del Poder Judicial, Daniel García Sayán, en el que incluyen el caso de Jujuy como uno de los principales ejemplos de subordinación de la justicia al poder político. Pedirán además que García Sayán viaje a la Argentina, y en particular a la provincia, para avanzar en la investigación sobre la situación de los presos políticos.

Así lo informó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien detalló con preocupación la falta de decisiones políticas sobre el tema: «No hubo una política de discusión del tema, no hubo revisión de las causas, no hubo ninguna medida para favorecerlos. Y no se cumplió la normativa internacional sobre presos en general y presos políticos en particular en pandemia».

El referente de derechos humanos, además, apoyó la iniciativa de impulsar una intervención federal al Poder Judicial de Jujuy y consideró: «Vamos a pelear durante 20 o 30 años, si hace falta, y Morales va a rendir cuentas. No tengo duda de eso».

-Ustedes vienen trabajando muy intensamente por los detenidos por razones políticas. ¿Qué lectura hace de la situación ahora? 

-La última vez que fui a Jujuy fue el día posterior a la condena a Milagro Sala a 13 años y otros compañeros. Estuvimos con Milagro, en Alto Comedero, con las compañeras y compañeros. La inmensa mayoría de los que entonces eran presos políticos, hoy siguen siendo presos políticos; la diferencia es que una parte, más o menos la mitad a nivel nacional, está en su domicilio.

-¿Qué cree que pasó?

-La cuestión de los presos políticos no se abordó en la Argentina. Ni siquiera se ha permitido el debate. El Presidente descalificó el debate diciendo sencillamente que no había presos políticos y prácticamente se clausuró o nos metió en un costadito muy pequeño de la discusión. Por supuesto que seguimos discutiendo, entre nosotros, pero los grandes medios se apartaron de la discusión.

-¿Qué le van a informar a la ONU?

-Estamos preparando un documento porque el 19 de mayo se va a cumplir un año de cuando fuimos recibidos en Lima por el doctor Daniel García Sayán, el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese momento le llevamos un extenso documento, de 60 páginas, donde exponíamos 13 casos muy contundentes que daban cuenta de la subordinación del Poder Judicial al poder político. Y el resultado de esa subordinación eran los presos políticos. Allí denunciamos un proceso de subordinación del Poder Judicial al político, empezando por su cabeza, porque la Corte Suprema fue invadida por dos personajes que entraron primero por decreto y después presionando en el Congreso.

-¿El relator se había comunicado con el gobierno anterior?

-Sí. En noviembre pasado García Sayán le dijo a Mauricio Macri que tenía una denuncia, que consideraba razonablemente fundada, de que había habido un plan de copamiento del Poder Judicial. En su momento Macri, con Gustavo Avruj, de Derechos Humanos, responde diciendo que García Sayán era un delincuente al igual que todos los que deunciábamos. Cuando asumió, Alberto Fernández le encomienda a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y ella al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que vaya a hablar con el relator, que tiene su oficina en Ginebra pero vive en Lima, y le diga que el gobierno argentino retira esa respuesta y le propone que efectivamente investigue esa denuncia hasta las últimas consecuencias.

Entonces nosotros ahora, a cuatro meses de esta gestión, vamos a decirle al relator que queremos que venga, que investigue, que vaya a Jujuy, a Mendoza, a Corrientes, y elabore un informe que ayude al Congreso y al Ejecutivo a tomar decisiones que reviertan esta situación.

-¿Solo se refieren a los presos políticos?

-No. Son 13 puntos en total. Está la persecución y renuncia de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; la entrada a la Corte por la ventana de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti; la actuación de la familia Mahiques, tan famosa por estos días, con cargos muy importantes, comprometidos con el genocidio; la persecución contra el juez Ramos Padilla, el juez Rozanski y el camarista Freiler, y una serie de casos más.

-¿Piden también por la situación de los detenidos en el marco de la pandemia? 

-Acá ni siquiera se atendió correctamente el llamado de organismos internacionales especializados en cárceles, que dijeron que las cárceles en todo el mundo, y también en la Argentina, están sobrepobladas, no están preparadas para una epidemia, las condiciones sanitarias en general son malas, los recursos hospitalarios son pobres. Por lo tanto, por razones de salud pública, hay que bajar la población carcelaria. En principio los presos políticos, los que tengan baja condena, los que no tengan condena y los que hayan cometido delitos que no son violentos, deben esperar el fin de la pandemia en su domicilio. Eso en la Argentina no se cumplió. Han salido más genocidas que compañeros. La Corte, el Consejo de la Magistratura, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Justicia, nadie se tomó en serio esto ni elaboró una resolución.

Entonces, primero, no hubo una política de discusión del tema, no hubo revisión de las causas, no hubo ninguna medida para favorecerlos. Y segundo, no se cumplió la normativa internacional sobre presos en general y presos políticos en particular en pandemia. Eso es lo objetivo.

-¿Cuál es su interpretación?

-Uno puede interpretar que no quisieron, que no pudieron o no les dio el tiempo. Para el caso es lo mismo, porque en política de derechos humanos no vale la intención. La gente se muere o no se muere, se enferma o no se enferma está, libre o está presa. Yo no le resto buena voluntad a nadie; menos a los que están en un gobierno como este, que se ha propuesto superar al macrismo. Pero particularmente en el Ministerio de Justicia el balance es pobrísimo. La ministra Losardo no aparece, no tiene una idea ni de casualidad. En el discruso inaugural se prometió terminar con las cloacas de la democracia, con el poder de Comodoro Py, todo lo que ya sabemos, y por ahora nada. La Corte, el Consejo de la Magistratura, los jueces federales, es todo lo mismo.

‘EL’ caso

-En este marco, ¿cómo están viendo la situación en Jujuy?

-En la Liga tomamos la decisión de organizar un reclamo poderoso frente a las Naciones Unidas por el tema de la subordinación del Poder Judicial, y ahí el caso de Milagro sigue siendo una de las cabeceras. Para nuestra mirada, el monumento a la arbitrariedad jurídica en la Argentina se llama Jujuy. El copamiento del Superior Tribunal, las confesiones de ese impresentable presidente del Tribunal, y la Corte nada, nadie dice nada. Hace rato no solo que los compañeros tendrían que estar libres, sino que la mitad del Superior Tribunal debería rendir cuentas; por anticipación de fallos, falsificación de pruebas, encubrimiento de delitos. Un tribunal independiente en Jujuy se hace un festival. Algun día, dentro de 30 años, se va a escribir que en Jujuy pasó esto, aunque nadie lo crea, porque supera todo asombro.

 

Jujuy es EL caso. No es el primero en el listado, por cómo se armó el documento, pero está en el puesto 3. Si sobre algún lugar no hay duda de que hubo subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, es en Jujuy. Lo curioso es que el mismo mecanismo se da en Mendoza y en Corrientes, y en las tres provincias gobiernan radicales. Pero en Jujuy se condensan todas las operaciones y todas las barbaridades.

-Se dice que en 2015 Jujuy fue el laboratorio. ¿Coincide con esa idea?

-Sí. Yo uso la expresión «laboratorio social». Porque no solo fue una operación jurídica, sino también cultural. Gente protestando porque iban a tratar a una niña que había sido violada, es un fenómeno social que se construye. Porque la maldad hay que potenciarla, hay que buscar la manera de que aparezca lo peor del ser humano. Y en eso Morales es un especialista. Lo digo con respeto: es un enemigo muy peligroso, porque sabe dónde está la maldad y cómo corromper, usar el miedo, un proceso de chantaje, corrupción y amenazas. Es un especialista en destruir la voluntad humana. No hay que subestimarlo.

-¿Es optimista sobre la investigación que se pueda hacer de las denuncias?

-Yo tengo una experiencia: estuve preso con la dictadura y después de 40 años logramos los juicios. Entonces mi convicción de que tarde o temprano los vamos a condenar es verdadera. No estoy fingiendo; estoy seguro de lo que digo. Vamos a pelear durante 20 o 30 años, si hace falta, y Morales va a rendir cuentas. No tengo duda de eso. En algún momento va a cambiar la relación de fuerzas en Argentina y en Jujuy. Así como fueron presos los que integraron la junta de comandantes y el exjuez Víctor Hermes Brusa, que presenciaba las torturas. Nosotros no fanfarroneamos. La vida nos enseñó que cuando uno construye con la verdad y la paciencia, se llega.

-¿Cree que Jujuy merece una intervención federal al Poder Judicial?

-Sí, por supuesto.