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Por Irina Hauser, en Página/12. La Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri y Gustavo Arribas compró en Estados Unidos 120 teléfonos celulares que fueron encriptados por el propio organismo y repartidos no sólo entre ex funcionarios -lo que en ciertos casos podría tener explicación- sino entre personas que no tenían ningún cargo en el Gobierno nacional. El denominador común es la cercanía con el expresidente y Juntos por el Cambio.
Entre los beneficiarios más llamativos que aparecen en una lista que encontró la intervención de la central de espías, figuran el empresario amigo y viejo socio del ex presidente Nicolás Caputo, el consultor Jaime Durán Barba, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y el abogado Alejandro Pérez Chada (histórico letrado del expresidente y ahora del propio Arribas en la causa del espionaje ilegal).
Los nombres se agregan a otros que reveló Página/12 el domingo último, como el del expresidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici. También tenían teléfonos blindados la mayoría de los integrantes de la llamada “mesa judicial”, casi todo el gabinete -hasta el ex ministro de ambiente, Sergio Bergman- y Laura Alonso, así como la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
La AFI comenzó a rastrear si existían estos teléfonos celulares dotados de una tecnología especial de encriptación para volver inaccesible su contenido y las conversaciones, a raíz de que uno de sus agentes declaró en la causa sobre espionaje ilegal que Macri y Arribas se comunicaban de esa manera.
Martín Coste, ex jefe de contrainteligencia, reveló ese dato cuando le preguntaron en su indagatoria sobre la vinculación entre el ex presidente y el director de la AFI. No parece descabellado que ellos dos hablaran por teléfonos secretos, pero a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sí le interesa analizar la frecuencia y el contexto de aquellas comunicaciones, dado que Coste -además- fue contundente al decir que el expresidente podía ser una de las fuentes de las órdenes para hacer inteligencia ilegal con fines políticos. Por eso le pidieron información a la central de inteligencia, que ya envió un primer informe.
Para sorpresa de las/los colaboradoras/es a quienes la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, les encomendó buscar los celulares, no eran unos pocos para un grupo selecto de funcionarios que pudieran tener comunicaciones críticas. Encontraron dos comprobantes de compra de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Ciberseguridad a la empresa Edmar Technologies Inc., en un shopping en California: en una tanda compraron 100 teléfonos a 470 dólares cada uno (por un total de 47.769 dólares), el 17 de junio de 2016; en una segunda adquisición figuran 20 celulares a 445 dólares cada uno (9906 dólares), un precio algo menor que el anterior pero el 5 de junio de 2018. El modelo adquirido es “Nexus 6P H1512” y la marca es “Huawei”, tal como había indicado Coste en su declaración. Dijo que a él también le habían dado uno, pero que no lo usó.
Hasta ahora, fueron encontrados 100 aparatos, estarían faltando al menos 20. No está claro el total, porque incluso el número de chips con este tratamiento secreto era mayor. Lo que tienen claro en la AFI es que semanas atrás dieron de baja a decenas de líneas que todavía seguía pagando el organismo y que nadie sabía quién utilizaba.
En la planilla Excel donde están detallados las/os adjudicatorias/os, hay una columna donde se consignaba la dependencia o lugar en la propia AFI donde supuestamente trabajaba cada quien y el “IMEI” del teléfono (el código que lo identifica). En algunos casos ese número está ausente. La interventora Caamaño analiza si hay posibles delitos en puerta que justifiquen una denuncia penal: por un lado es dudoso que hubiera celulares asignados y cuyo uso era pagado por el Estado para personas que no eran parte del Gobierno; y se intenta establecer quiénes se quedaron con el aparato y la línea. Hay constancias de devoluciones, pero sobre algunos no hay nada y esto es algo que habrá que dilucidar.
A los celulares en cuestión en la AFI los llaman “Criptex”. En algunos casos guardaría cierta lógica que los tuvieran, por tratar asuntos vinculados con inteligencia, o seguridad, algunas cuestiones de política internacional o acuerdos con empresas. Pero la línea es muy difusa, porque hay nombres asociados a grandes operaciones mediáticas y judiciales.
Hay varios de la famosa “mesa judicial” que asesoraba al ex presidente y que está sospechada de incidir en tribunales y casos puntuales. En ese grupo se mezclan personas con cargos en el Gobierno como Pablo Clusellas, que fue secretario Legal y Técnico, José Torello, ex jefe de asesores en la Presidencia, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano y otras sin ningún cargo formal, como Angelici, conocido por sus habilidades como operador en tribunales. Patricia Bullrich también tuvo su celular blindado, lo que podría explicarse, aunque también genera dudas su papel en casos donde se generaron fuertes operaciones mediáticas, como el de la desaparición de Santiago Maldonado, y su relación con personajes como el falso abogado Marcelo D’Alessio, señalada en la causa de Dolores.
Hay un grupo de personas sobre quienes será difícil justificar por qué el Estado les daba y pagaba estos teléfonos: uno es el consultor Durán Barba, que siempre fue un asesor en las sombras y nunca tuvo cargo formal. Tuvo un contrato con el PRO cuando se volvió muy polémica su relación con el gobierno. También figura “Nicky” Caputo, adjudicatario estrella de obras en la ciudad de Buenos Aires, ex socio del propio Macri y titular del Grupo Caputo (con firmas en el negocio de la construcción y energía, entre otras cosas), y ex cónsul en Singapur. Otro es el procurador bonaerense Conte Grand, antes secretario legal y técnico de la ex gobernadora Vidal. Tanto ella, como su ex ministro de seguridad, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, tuvieron Nexus encriptados. Lo mismo Horacio Rodríguez Larreta. Y otro nombre que generó sorpresa, que no era funcionario, fue el del abogado Pérez Chada, letrado de Macri y ahora de Arribas en todos sus frentes judiciales.
Del gabinete macrista y otros cargos jerárquicos señalados como beneficiarios que identificó la AFI se suman: Andrés Ibarra (Modernización), Guillermo Dietrich (Transporte), Sergio Bergman (Ambiente), Alberto Abad y Leandro Cuccioli (AFIP), Jorge Faurie (Cancillería), Jorge Triaca (Trabajo), Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas), Gustavo Lopetegui (ex vicejefe de gabinete), Mario Quintana (ex secretario de Coordinación), Fernando de Andreis (es secreatrio presidencial), Jorge Greco (el ex secretario de Comunicación cuyo patrimonio en el macrismo aumentó más de 3000 por ciento), Mariano Federici (Unidad de Información Financiera) Laura Alonso (Oficina Anticorrupción), el ex diputado Emilio Monzó, el ex senador Federico Pinedo, el ex senador Ernesto Sanz. Hay varios de todos los señalados de quienes no hay constancia de que hayan devuelto los celulares.
