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La reforma judicial avanza a paso firme en el Senado, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio . Este martes terminaron las audiencias públicas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, con la participación de 16 especialistas en la materia. El oficialismo prevé firmar este miércoles el dictamen y llevar el tema al recinto el próximo jueves 27 de agosto.
La presidenta del plenario de comisiones, María de los Ángeles Sacnun, adelantó a Página/12: «Vamos a introducir modificaciones, tal como lo planteó el Presidente, en función de las posiciones que se escucharon de los senadores». «Es muy importante para recuperar la independencia del Poder Judicial, romper con la concertación que restringe o perjudica el pleno ejercicio de las garantías de toda la ciudadanía», agregó.
En cuanto a las modificaciones del texto que el gobierno presentó en la Cámara alta el pasado 29 de julio, fuentes parlamentarias detallaron a este diario que hay varias que ya están confirmadas y algunas que se cerrarán pocas horas antes de la firma. Entre las ya acordadas está la modificación del tratamiento de los delitos de lesa humanidad, luego de que expusieran distintos abogados especialistas en el tema (ver aparte). A su vez, se incorporarán artículos sobre el fuero contencioso administrativo y se mantendrán de forma anónima y escrita los concursos, y en función del puntaje se pasará al oral. En tanto, queda por definir la la creación y distribución de los nuevos juzgados y fiscalías en el interior del país.
Hasta ayer, desde Juntos por el Cambio no habían presentado ninguna modificación al proyecto: solo se limitaron a rechazarlo, incluso, antes de leerlo. Igualmente, la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) consultó hasta cuándo era el plazo para mandar las modificaciones. Ante esto, Sacnun contestó: «Luis Naidenoff (jefe del interbloque de JpC) me dijo que no tenían intenciones de elevar ningún tipo de modificación», y dejó en evidencia la negativa del macrismo a abordar el tema, incluso puertas adentro de su bloque.
En la quinta y última reunión informativa sobre la reforma judicial, participaron magistrados, letrados y expertos en la materia. En primer lugar lo hizo el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, que rechazó la «inconstitucionalidad» del proyecto, y señaló que «no es una reforma», ya que “la verdadera reforma está iniciada con el Código Procesal Federal”. Además, sostuvo que la iniciativa busca «terminar con la acumulación de poder en pocas manos». «Entiendo que se trata de solucionar un problema, porque el poder absoluto corrompe, y ahí está el nudo de la cuestión», subrayó.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, opinó, en la misma línea que el macrismo, que esta ley es «inoportuna» y que «sin consensos carecerá de legitimidad». «Se está haciendo una reforma considerando el funcionamiento de la justicia penal federal. Pero no podemos hacer leyes por personas que influyen en la Justicia. La ley tiene que ir más allá», agregó.
A su turno, la ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lucila Larrandart, cuestionó el «nivel de arbitrariedad» y «falta de justicia» que se vive en Comodoro Py. Por otro lado, destacó el rol del Congreso en esta discusión. Respecto al Poder Judicial, subrayó que «nunca tuvo tan deteriorada la imagen ante la población, pero le corresponde al Poder Legislativo discutir en serio un cambio. Solo el Congreso puede determinarlo», insistió.
Las comisiones volverán a reunirse mañana a las 16 para terminar de definir los cambios al proyecto y firmar el dictamen. En el Senado, el oficialismo cuenta con las voluntades necesarias para aprobar sin demasiados compromisos la reforma de la justicia federal. El punto caliente para el Frente de Todos está en Diputados, donde tendrán que acordar con algunos sectores de la oposición para convertir al proyecto en ley.
Página/12
