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Una docena y media de allanamientos judiciales se realizaron este miércoles en distintas direcciones de la localidad de Avellaneda, Santa Fe, todas pertenecientes a ex directivos de Vicentin, a empresas ligadas a la cerealera concursada y a la propia sede de Vicentin SAIC.
Los procedimientos están vinculados a la causa por defraudación que se le sigue en juzgados federales de Rosario a la firma, principalmente en base a los elementos aportados por bancos extranjeros acreedores de Vicentin.
La resolución judicial que ordena los allanamientos involucra, por primera vez, a las empresas participantes del grupo Vicentin bajo sospecha de formar parte de una maniobra de ocultamiento de activos y desvío de recursos para burlar la responsabilidad ante los acreedores de la convocatoria de la empresa principal: Vicentin SAIC.
Los ex directivos que recibieron la visita de los oficiales de Justicia orden de allanamiento en mano son el ex presidente Daniel Buyatti, el ex CFO (director financiero) Roberto Gazze, tres integrantes de la familia Padoán (Máxmo, Cristian y Bettina), dos de la familia Vicentin (Roberto y Amelia) y Martín Colombo. Accionistas y directores a la vez, a quienes se les secuestró documentación (principalmente en dispositivos electrónicos) que podrían aportar información sobre las maniobras bajo investigación.
Se considera que todos los mencionados cumplieron tareas relevantes en el período bajo sospecha. Roberto Gazze, en particular, fue el firmante del informe al 31 de julio de 2019, que Vicentin SAIC elevó a los bancos extranjeros describiendo el buen estado de salud financiera que exhibía la empresa, el eficiente uso de las inversiones, y las excelentes perspectivas de exportación para los meses siguientes, teniendo en cuenta los granos y productos procesados en stock para atender la demanda futura. Tres meses después, a la fecha del balance (31 de octubre de 2019), todos esos indicadores se habían dado vuelta, los bienes de cambio se habían esfumado y la empresa ingresaba en un «estrés financiero» que provocó su cesación de pagos en los primeros días de diciembre.
El informe al 31 de julio no dejaba prever ninguna posibilidad de ese cambio de panorama. Los bancos acreedores lo consideran como la evidencia de «falseamiento de la información para conseguir los créditos», por lo cual lo presentaron como prueba ante el tribunal penal de Rosario y se sumaron como querellantes.
El fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, es quien lleva a cabo la investigación y había solicitado, ante el juez Hernán Potsma, que se tomaran las medidas necesarias para preservar los derechos de los acreedores. Todas ellas fueron autorizadas por el citado magistrado. El fiscal había solicitado los allanamientos que se concretaron este lunes, además de las siguientes medidas de restricción:
* Prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin SAIC tenga participación. Incluye Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda,
* Prohibición de desprenderse de activos de las mismas empresas.
* Levantamiento del secreto bancario y bursátil, congelamiento e intervención de las cuentas bancarias y cajas de seguridad de los miembros del directorio de Vicentin SAIC.
* Medida de no innovar sobre la titularidad de los bienes de los directores (actuales y anteriores) de Vicentin SAIC.
El pedido de allanamientos por parte del fiscal Moreno también alcanza a las empresas radicadas en Uruguay Nacadie Comercial SA y Vicentin Family Group, en sus domicilios declarados en Argentina. El de Nacadie coincide con el del frigorífico Friar. El de VF Group con el de Vicentin SAIC. A través de ambas empresas, se estima, pasó la mayoría de las transferencias y cambios de propiedad de acciones, una práctica que la firma Vicentin ejercitó activamente durante los últimos años e intentó seguir haciendo incluso después de entrar en convocatoria de acreedores.
De acuerdo con especialistas que siguen de cerca el caso Vicentin, la ampliación de la investigación que dispuso el juez de Rosario sobre todo el conjunto de compañías «descorre el velo societario sobre el abuso de las sociedades anónimas pantalla e inicia el recupero de los activos de Vicentin SAIC, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores».
Es el mismo tipo de medidas que, desde los primeros meses de la convocatoria de acreedores, el Banco Nación, los sindicatos y también la AFIP, le han venido solicitando al juez comercial de Reconquista Fabian Lorenzini: que inhiba la venta de acciones y activos de las empresas vinculadas, a través de las cuales se presumía que pudieran estar concretándose maniobras de vaciamiento. Lorenzini nunca accedió a estos pedidos.
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