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Un nuevo capítulo se abre en el largo historial de arbitrariedades de Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Agustina Aramayo, la abogada que lo había denunciado en 2019 por acoso laboral, fue nuevamente víctima del hostigamiento del funcionario, que le suspendió la licencia por maternidad y la hizo volver a su trabajo en el MPA solo para notificarla de un sumario administrativo en su contra que podría derivar en un despido.
«Me acusa de falta de respeto, por publicar y compartir en mi red social personal información sobre la denuncia que hice en 2019, que fue pública», explicó Aramayo en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
De acuerdo al sumario administrativo, la funcionaria habría cometido una «falta grave» prevista en el reglamento que el propio Lello modificó el año pasado, en plena pandemia.
«Como causal de cesantía, pone ‘falta de respeto’, a criterio prudencial de él. O sea que él es la supuesta víctima, él es quien me expulsa y quien me abre el sumario. Es decir, es juez y parte», analizó la abogada.
A mediados de 2019, Agustina Aramayo denunció penalmente a Sergio Lello Sánchez frente al STJ por acoso laboral, humillación, denigración, intimidación y maltratos. En su escrito, la abogada relató hechos que se sucedieron desde marzo de 2016, período en el cual además padeció nueve traslados dentro del organismo.
En el descargo que presentó esta semana, Aramayo plantea que el sumario en su contra no tiene sustento legal. Ahora el titular del MPA debe responder. Más allá de este trámite, está decidida a seguir con las medidas judiciales que correspondan.
Aunque hay un problema. Lo explica así: «El tema es que no hay un órgano superior, nadie que lo controle. Entonces no puedo defenderme en ningún otro lugar. No hay un organismo de control, no hay tribunal de disciplina, porque él nunca lo creó. Iré al Superior Tribunal de Justicia. Y si tengo que ir a Nación, también iré».
Aramayo quiere dejar el MPA y volver a su cargo primario, donde hace diez años inició su carrera en el Poder Judicial. En los papeles, su situación está en manos del gobernador Gerardo Morales, quien creó el ministerio que encabeza Lello en diciembre de 2015.
-¿No hay ninguna instancia superior que controle al MPA?
-No. El Ministerio está creado sin nada arriba. El como un cuarto poder. Eso es lo que yo denuncié en 2019, y puse en conocimiento del Superior Tribunal. No podemos estar a la deriva más de 200 personas, dependiendo de una persona que abusa de la ley discrecionalmente. Ya renunciaron 17 funcionarios renunciaron y otros tantos se quedaron sin trabajo. No hay dónde quejarse o recurrir por nuestros derechos.
-¿Tampoco en el Colegio de Magistrados?
-No. Tampoco tenemos gremio. Pero voy a seguir haciendo lo que ya hice, que es poner en conocimiento de todos los organismos de la provincia. El Consejo de la Mujer podría haber intervenido, también, pero no hizo nada. Algún día se frenará esto. Es insostenible. No voy a permitir que siga avasallando mis derechos y los de mi beba.
Repudio
El Círculo de Abogadas de Jujuy emitió un comunicado en el que repudian el accionar de Sergio Lello y también el del fiscal Diego Cussel, quien está a cargo de la causa contra Aramayo. Allí advierten sobre «la violencia laboral en razón del género» y el «abuso de poder» que ambos funcionarios ejercen contra Aramayo.
Más adelante afirman: «Encontramos gravemente intolerable que los hombres que ostentan cargos jerárquicos en el ámbito de la justicia amenacen, acosen y coaccionen contra cualquier trabajadora con el fin de instar venganzas personales, acallar las múltiples denuncias y continuar imponiendo así el control machista».
En este contexto, piden al STJ que tome medidas «respecto a los hechos denunciados, instando a que se investiguen de manera efectiva, legítima y transparente».
