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Pasaron ya dos meses desde que trabajadoras de la Brigada de Incendios solicitaron a la justicia una medida cautelar de protección de persona contra Ezequiel Morales, quien se desempeñó como director de Incendios Forestales, por «hechos repetidos de violencia laboral, física, verbal y acoso sexual». Las trabajadoras denuncian que el gobierno provincial protege al funcionario, que tras las denuncias fue trasladado al área de Defensa Civil.
Este lunes se conoció que la justicia citó a Morales para que realice su descargo esta semana. La denuncia refiere a hechos de violencia laboral, física y verbal, además de acoso sexual y amenazas de perder el trabajo en caso de resistirse.
En el pedido de la medida cautelar se relatan los hechos que motivaron la denuncia. Las trabajadoras cuentan que Morales se burlaba permanentemente de ellas y las acosaba sexualmente, llegando incluso a amenazar a una de ellas con un arma de fuego. «Me gatilló en la cabeza», relató una de ellas al describir un episodio ocurrido en 2019.
La ostentación de las armas es otra de las actitudes frecuentes de Ezequiel Morales que refieren las trabajadoras. Lo han visto recorriendo las instalaciones de la repartición con un revólver en la mano y también con un arma larga. Para apoyar sus denuncias, aportaron videos y fotografías.
«Esto se agrava aun más cuando mencionan que Ezequiel Morales acostumbraba portar armas de fuego en el lugar de trabajo (una pistola y en una ocasión, por lo menos, fue visto con un rifle)», relatan en un comunicado difundido por la Agrupación Verde y Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En este sentido, recuerdan que la Brigada de Incendios Forestales, que depende del Ministerio de Ambiente, «es un organismo del estado provincial, de personal civil, sin justificativo por sus funciones, para la portación de un arma».
«El gobierno de Gerardo Morales, se ha caracterizado en su gestión, por su autoritarismo, soberbia, y la decisión de apañar a funcionarios violentos en distintos estamentos del estado provincial, como el caso del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez; la promoción a Vocal del Superior Tribunal de Justicia del ex-ministro de Seguridad Ekel Meyer, y otros altos funcionarios sólo por nombrar algunos, sin mencionar funcionarios de segunda y tercera línea», señalan en el comunicado.
Remarcan que «la violencia laboral, al igual que la violencia de género y la violencia institucional, no se resuelven mientras existan funcionarios violentos en todos los estamentos del estado provincial», y en esta línea repudian «el respaldo corporativo de todos los fiscales varones del Ministerio Público de la Acusación, a Sergio Lello Sánchez, la semana pasada, ante la denuncia de violencia laboral por parte de una trabajadora judicial».
