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La justicia contravencional sentenció a siete dirigentes sociales y a ocho organizaciones civiles a pagar multas de 90 mil pesos cada una, tras un juicio. Fue por una protesta contra el Hambre el pasado 15 de diciembre en Jujuy.
El Juzgado Contravencional N°3 de Jujuy, a cargo de Fernanda Yapur, impuso multas porque durante la protesta «los manifestantes cortaron el tránsito vehicular y violaron normativas del COE por la pandemia del coronavirus. La magistrada dijo que “no respetaron el distanciamiento social» por la pandemia de coronavirus.
Los dirigentes multados fueron Gabriel Taboada, Arnaldo Navarro, José Surita, Ivone Aparicio, Sara Cruz, Jorge Angulo y Gabriela Arroyo, quienes representan a organizaciones sociales y civiles de la provincia.
El fallo recayó también sobre los colectivos como el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de las ciudades San Salvador de Jujuy, San Pedro y Palpalá, entre otros movimientos populares.
Durante la jornada del 15 de diciembre del año pasado las organizaciones sociales realizaron en la capital jujeña una multitudinaria marcha bajo la premisa «una Navidad digna, con trabajo y sin hambre».
La jueza consideró que los manifestantes “violaron las medidas que en contexto de pandemia debemos respetar para evitar con los contagios de coronavirus, además de la interrupción del tránsito”.
Además de la sanción económica, los referentes sociales y organizaciones deberán realizar trabajos comunitarios junto a “50 personas para tareas limpieza y desmalezado”, durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
En relación de la multa de $90.000 aplicadas a las personas acusadas y colectivos sociales, Yapur refirió que los acusados “tienen la posibilidad de abonar el 50% del monto total si lo realizan en los próximos 15 días hábiles”, al tiempo que refirió que la recaudación de las contravenciones “serán destinadas a comedores y merenderos de la provincia”.
Solo en esta causa las multas suman un total $1.350.000, por lo que los dirigentes sociales rechazaron el proceso contravencional y anticiparon que recurrirán el fallo, incluso en la justicia ordinaria.
Tras conocer la resolución, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunció que la medida forma parte de un “método de disciplinamiento, que adoptó el gobierno de Gerardo Morales contra los movimientos sociales”.
