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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se adelantó en los plazos estipulados por la justicia y presentó su descargo ante el Tribunal Contencioso Administrativo en feria, que a media mañana realiza una audiencia entre la comuna y las entidades vecinalistas y sociales por las medidas cautelares presentadas en contra del aumento del boleto de colectivo.
En su presentación, la Muni no insistió en justificar el aumento, sino que se centró en cargar contra las organizaciones que hicieron el reclamo a la justicia porque, asegura, no cumplen los recaudos de una medida cautelar. En este sentido, se refirió en duros términos a los denunciantes, el Frente Unidos y Organizados (Fuyo), vecinos autoconvocados y asociaciones de defensa de los consumidores.
En realidad fueron varias las presentaciones judiciales denunciando al municipio capitalino por haber utilizado vías administrativas inconstitucionales para aplicar el incremento, que por segunda vez fue suspendido por la justicia antes de que entrara en vigencia el sábado pasado.
El texto presentado por la Municipalidad señala que «no está acreditado el daño» y que «una organización política no puede arrogarse la representatividad de los usuarios, sobre todo cuando hay gente que no acredita ser perjudicada en el aumento del precio, porque andan en camionetas de alta gama”. Curiosa argumentación, si se tiene en cuenta los vehículos promedio en los que se movilizan los funcionarios comunales, a los que difícilmente se los encuentre a bordo de un colectivo.
En el documento remarca el peligro que existe en dejar sin servicio de transporte a los pobladores “por la demora de aumentar el costo del boleto”, lo que veladamente alude a la posibilidad de que los empresarios del sector vuelvan a realizar un lock out.
Destaca que hay un daño concreto sobre quienes hacen uso del servicio del transporte público de pasajeros y que los mayores perjudicados son los sectores más vulnerables, porque la municipalidad garantiza el traslado gratuito a personas discapacitadas, jubilados o mayores de edad, el BEGU, todos contemplados en la reglamentación del servicio.
En esta jornada, el juez en feria del Tribunal Contencioso Administrativo, Alejandro Domínguez escuchará la posición de ambas partes y luego podría resolver, a favor de los ciudadanos o a favor de la municipalidad y los empresarios.
