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El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Carlos Nolasco Santillán, fue imputado por el fiscal de investigaciones penales Alejandro Maldonado por instigación a cometer delito. El dirigente fue notificado ayer e insistió en que los incidentes fueron «un desmadre de un pequeño grupo».
El gremialista estuvo ayer en sede judicial, acompañado por los abogados Mario Culcuy, Jorge Iglesias y Mariana Bassutti, donde fue notificado de la causa que iniciada por la rotura de los vidrios de un auto durante la última manifestación del sindicato en la capital provincial.
Santillán afirmó: «Nosotros ya hemos explicado que esto ha sido un desmadre de un pequeño grupo. La gran mayoría estaba en otra parte. No fue una cosa planificada, hubo falta de control de seguridad de la misma movilización. Nos hacemos cargo de la seguridad de la marcha. Por eso, una imputación como esta, de instigación, nos parece demasiado”.
Santillán aseguró que la violencia no es una metodología que use para reclamar, e interpretó: «Creemos que han aprovechado esta situación para imputarnos y para desviar lo que estamos discutiendo, que es la cuestión de fondo, es decir la precarización laboral, el tema de los jubilados, con míseras jubilaciones, sindicatos independientes que se manejen independientemente del poder. Y a nivel nacional estamos discutiendo el salario mínimo, vital y móvil, y paritarias para los municipales. Esos son los temas de fondo. Bueno, esto no va a tapar esos temas, así vayamos presos”, sostuvo.
“Nosotros esperamos que haya justicia, justicia que no hubo para otros hechos que la población de Jujuy conoce, de máxima violencia. Acá parece que no hubo instigadores en Humahuaca, no hubo instigador en Libertador, no hubo instigador de la toma de nuestro gremio, no hubo instigadores de una serie de cuestiones violentísimas, denunciadas, que pasaron en Jujuy”, contrastó Santillán.
Por su parte, Culcuy dijo que se les informó que para el 26 de este mes, “se llamará a prestar declaración indagatoria y ahí también lo citarían a Santillán. Allí, vamos a ver los elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía, que ya nos anticipó que hay videos, fotos, que tenemos que ver. Pero después que se reciba la indagatoria, recién vamos a tener acceso”.
Indicó que habría unas seis personas imputadas en la causa. “De todos modos, hay algunas que nosotros, como abogados, no conocemos, por lo cual se encargará la fiscalía de ubicarlos y citarlos. Lo más importante de esto es que llamen a indagatoria, declare Santillán y ahí veremos los elementos probatorios”.
Ante una consulta sobre la posibilidad de que el dirigente pudiese quedar detenido, el abogado lo descartó, “primero, porque la entidad del delito que se imputa no es de tal gravedad que amerite la detención, y por otro lado, no se dan las condiciones que prevé el artículo 319 del Código Procesal Penal, que implica un agravamiento de la posibilidad de libertad”.
Preguntado si considera que esto es una judicialización de la protesta social, Culcuy dijo que “entiendo que sí, porque hay otras circunstancias donde la Justicia no actuó con la misma premura”.
Sin embargo, lo que más le preocupa como abogado a Culcuy, es que “antes de que Santillán sea notificado, ya lo habían notificado por los medios de prensa. Esto es de una irracionalidad y de una aberración jurídica total. Cuando se hace la investigación, se ubica al supuesto imputado y se lo cita, no saliendo a anticipar por los medios de prensa, ya que es una difamación, de algún modo, de las calidades personales del imputado, en este caso Santillán”.
“Así que eso me parece un desatino. No sé si eso lo dispuso la fiscalía, el gobierno o quién lo dispuso. Pero es un desatino jurídico. Espero, entonces, que los órganos jurisdiccionales de mayor grado –podría ser la Fiscalía General- tome cartas en este asunto, porque no se puede andar anticipando citaciones ni hacer correr versiones periodísticas sin que llegue la citación formal al imputado”.
