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Durante la movilización convocada por organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos por la liberación de los dirigentes detenidos, Sebastián Copello y Juan Chorolque, durante la semana pasada, presentaron ante la justicia un habeas corpus preventivo
Los y las dirigentes de las organizaciones sociales Movimiento Evita, MTE, CCC, Nuestramérica, Frente Popular Darío Santillán, MAP, ORP, SOMOS-Barrios de Pie, LLANKAJ Maki y Barrios de pee- Libres del Sur, realizaron la presentación de un habeas corpus colectivo preventivo al Juzgado de Control N°2 de Jorge Zurueta con los argumentos que temen perder sus libertades e integridad física solo por ejercer el derecho a protestar.
El escrito judicial aclara el contexto en Jujuy, respecto a las garantías constitucionales de los dirigentes sociales y políticos que se viene sucediendo en los últimos años, poniendo el foco en el gobierno provincial y al avance de Gerardo Morales sobre funciones que no son de su competencia.
“Lo que percibimos en términos generales es que la policía, el gobierno provincial, el Departamento Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, permanentemente utilizan estrategias que incumplen en términos amplios obligaciones básicas en materia de derechos humanos y protesta social, como la obligación de respetar, proteger, facilitar y promover, absteniéndose de impedir y obstaculizar las protestas sociales. Ese día, se expuso el malestar producto de una gestión de política de pobreza para muchos; donde los trabajadores jujeños tenemos sueldos de indigencia y pobreza, una provincia con 300% de déficit fiscal; con un 88,3 % de pérdida salarial y una deuda provincial de 197 mil millones de pesos”.
Más adelante, el documento especifica que “en este sentido debemos señalar que, en numerosa jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado el deber estatal de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas. Cuando hablamos de criminalización de la protesta social, nos referimos al uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante”.
“Finalmente resultan preocupantes las acciones de inteligencia que realiza la policía de la provincia de Jujuy sobre las organizaciones sociales, en este sentido cabe destacar que en numerosas oportunidades las organizaciones han sufrido infiltraciones por parte de personal policial en sus columnas de manifestantes por lo que han debido reforzar las tareas de seguridad interna, asimismo son permanentemente fotografiados y filmados por parte de la policía cuando realizan protestas, tanto por personal uniformado como por personal de civil, incluyendo el registro sobre datos personales y de las organizaciones.”
Los referentes expresan que existe arbitrariedad en los procesos judiciales para mantener privados a los dirigentes penalizados, cuando se trata de delitos excarcelables y que se corresponde con fiscales designados específicamente para la persecución y a coartar el derecho a protesta en una situación de recrudecimiento de la crisis económica en la provincia y en el país.
Finalmente analizaron que la manifestación es una herramienta democrática para solicitar el diálogo y/exigir al gobierno en la resolución de los problemas de todos los trabajadores de nuestra provincia y reclamaron la inmediata libertad de los dirigentes detenidos Copello y Chorolque.
