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En vísperas de cumplirse cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, la causa judicial iniciada por su desaparición y muerte está paralizada hace dos años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de la designación de un juez que investigue lo que le pasó al joven artesano.
«No se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como ‘desaparición forzada’ y que se designe otro juez», afirmó en declaraciones a Télam Sergio Maldonado en referencia a la causa que investiga la muerte de su hermano, quien fue hallado sin vida luego de haber estado 78 días desaparecido tras una represión ejecutada en agosto de 2017 en Chubut por agentes de la Gendarmería.
A la fecha, el expediente no tiene culpables ni responsables condenados.
En la última presentación que la familia hizo en octubre pasado frente al máximo tribunal, reclamó la designación de un nuevo juez que «investigue de verdad», ante la falta de celeridad en la resolución del expediente a cargo del magistrado Gustavo Lleral.
«A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017», recordó Maldonado. La apelación que solicita la designación de un nuevo juez, explicó, es la excusa usada por Lleral «para decir ‘No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya di mi fallo'».
Lleral había cerrado la causa en noviembre de 2018, luego de dictaminar el ahogamiento como causa de muerte del joven y de eximir de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017.
El 1 de Agosto Todxs a Plaza de Mayo a las 17 hs. por los 5 años de la Desaparición Forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.#JusticiaPorSantiagoMaldonado #5AñosDeImpunidad #ElEstadoEsResponsable pic.twitter.com/eLgQZTFbUg
— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) July 20, 2022
Nuevo testimonio
«El no tomarle declaración a la nueva testigo es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar», refirió Maldonado acerca de la reciente declaración de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel.
La testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni, a quien relató que al día siguiente de la represión en la Pu Lof «asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo», quienes comentaron que «habían detenido en la zona del campo de Benetton» a una persona a la cual se referían como «el hippie».
La testigo refirió haber escuchado que «Ahumadita se había mandado la cagada del siglo» y que al parecer «Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado».
«Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información para seguir sumando y destrabar esto, pero ¿cómo hacemos para seguir volcando testimonios si no hay un juez que investigue?», cuestionó Sergio.
Además, Maldonado recordó la multiplicidad de irregularidades que se dieron durante la investigación: libros de actuación de Gendarmería adulterados, grabaciones incompletas del operativo, la quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes, entre otras.
Tampoco puede hacerse a un lado «la paradoja» de que el cuerpo sin vida de Santiago haya aparecido el 17 de octubre de 2017, en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, en el mismo lugar donde más de 400 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad –con helicópteros, drones y perros rastreadores– no habían encontrado nada.
Cuatro claves
Cuando Sergio Maldonado dice que «no se hizo nada», se refiere a lo que falló en septiembre de 2019 la Cámara de Casación Penal sobre cuatro puntos del informe pericial que debían ser explicados y ampliados, pero que aún no fueron investigados: la data de la muerte; la presencia de polen adherido en las ropas; el informe sobre la identificación de algas, que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión, y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.
Maldonado sostuvo que «pasa el tiempo y nos alejamos cada vez más de la verdad, porque se van perdiendo pruebas; no sabemos dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, ni si las cuidaron».
Sobre este punto, agregó: «Si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas».
«Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial», sentenció.
El plan represivo
Tampoco se puede entender la desaparición y muerte del joven sin ubicarlas en el contexto de la represión violenta que implicó la persecución a balazos de goma a los miembros de la Pu Lof, y de un contexto más amplio y de larga data vinculado al acceso al territorio de los pueblos indígenas de la Patagonia.
El director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, señaló que no se cumplen los derechos que se han reconocido en la Constitución y en diferentes leyes de que los pueblos tienen que acceder a sus tierras ancestrales, y que «los Gobiernos provinciales y muchos intereses privados obstaculizan esta posibilidad de acceso».
Tufró remarcó a esta agencia que «la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado» por el Gobierno de Mauricio Macri para «reprimir a la comunidad mapuche».
«El Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades», señaló.
Asimismo, Tufró hizo referencia a investigaciones posteriores sobre cómo se actuó durante el operativo represivo, como la realizada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) e incluso una revisión que hizo el propio Ministerio de Seguridad, ya bajo otra gestión, que arrojaron que «ese día hubo un montón de irregularidades y situaciones de violencia excesiva».
«Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo», indicó.
Tufró expresó la necesidad de que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para «poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo».
Télam
