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La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó su primera reunión para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
La Comisión que preside la diputada del FDT Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunió desde pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Duró algunas horas.
Al iniciar la reunión, la legisladora precisó que el jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
Precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».
En ese marco, Gaillard afirmó que «en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto» y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.
Intervenciones
«No hay ningún intento de avanzar contra nada. Estamos en el marco de las competencias que tenemos», sostuvo Germán Martínez, el titular del bloque oficialista, durante el discurso que cerró la reunión.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que necesita para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja. Fue una jornada con cruces entre los diputados.
La diputada del FDT y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley aseguró hoy que un sector importante del Poder Judicial «no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo», y sostuvo que el objetivo del juicio político es «preservar la institución de pésimos funcionarios».
«El objetivo es preservar la institución de los pésimos funcionarios que tiene la Corte Suprema», remarcó la legisladora al argumentar a favor del pedido de juicio político contra los cuatros integrantes del tribunal que impulsa el oficialismo.
Al evaluar la primera jornada de labor de la comisión de juicio político, Siley valoró que el proceso «haya arrancado con una discusión política».
Por su parte, Graciela Ocaña de JxC afirmó que “la intención del Gobierno es llevarse puesta a la Corte»
«Estamos discutiendo en una convocatoria urgente por vocación del presidente de un juicio a la Corte, pero la intención del gobierno es llevarse puesta a una de las instituciones más importantes de la república», dijo la legisladora
