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El imputado por la causa que investiga presuntas irregularidades en el Juzgado Contravencional realizó una declaración pública desde el Servicio Penitenciario en la que advirtió sobre graves violaciones a sus garantías constitucionales y apuntó directamente contra el exgobernador Gerardo Morales, exministros, legisladores y autoridades del Poder Judicial de la provincia.
Yebara sostuvo que el proceso en su contra se encuentra viciado de nulidades y aseguró ser víctima de un estado de «indefensión absoluta».
Según explicó, en 2014 prestó declaración bajo la figura de arrepentido ante la Fiscalía General, pero denunció que los acuerdos pactados no fueron respetados y que, posteriormente, la fiscalía modificó su imputación de «miembro» a supuesto «jefe» de la asociación ilícita.
La causa judicial
Matías Yebara es el único detenido de los cuatro imputados en esta causa. El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Diego Funes lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos. En paralelo, cumple condena de prisión efectiva por causas anteriores de estafas y extorsión.
De acuerdo a lo fijado por la Oficina de Gestión Judicial, el próximo 12 de noviembre el tribunal presidido por la jueza María del Rosario Hinojo e integrado por los vocales Felicia Barrios y Mario Puig dará inicio al juicio oral y público.
La investigación apunta a una red de irregularidades y cobros paralelos operada a través del Juzgado Contravencional N° 1, que habría funcionado como un circuito de recaudación ilegal mediante el manejo discrecional de expedientes, inhabilitaciones viales, remates de vehículos y animales, y aportes de donaciones.
De acuerdo a la acusación, los implicados aprovechaban la estructura del organismo contravencional para cobrar multas a infractores mediante sellos falsos, desvío de dinero a cuentas personales y la posterior desaparición de los expedientes.
Señalamientos al poder político
En su testimonio, el detenido rechazó la acusación en su contra y aseguró que es materialmente imposible que haya liderado las maniobras investigadas, porque no ejerció cargos públicos ni contaba con facultades administrativas.
«¿Cómo voy a poder ser el jefe de una asociación ilícita donde involucra una institución del gobierno? Si yo nunca pertenecí a esa institución, yo nunca fui funcionario del Juzgado Contravencional», planteó, y señaló a «los ministros, los jueces, el juez contravencional, el ministro (de Seguridad) de ese momento, (Guillermo) Corro, el gobernador» como quienes «tenían el guiñamiento para hacer todo lo que se quería dentro del Juzgado Contravencional».
En ese sentido, remarcó: «Yo no tenía firma para pasar un expediente de archivos, yo no tenía firma para bajar un expediente del sistema de seguridad vial. Cada vez que se hacía una alcoholemia se subía la inhabilitación y para devolver el carnet, ¿qué hacían? subían seguramente un oficio o un decreto firmado por el juez contravencional con anuencia del ministro de Seguridad».
«Esto no lo podía hacer yo. Yo no podía hacer un remate de 200 motos y entregar las motos a cada persona. Yo no podía hacer el remate de más de 150 animales», aseveró.
El imputado afirmó haber presentado denuncias formales sobre estos hechos, y que esas denuncias fueron archivadas a los pocos días por la Fiscalía General, a cargo de Sergio Lello Sánchez, lo que calificó como un «encubrimiento institucional».
Además, describió la operatoria referida al circuito de cobros y donaciones: «El expediente, una vez que no se pagaba en el juzgado, dice la ley, se pasaba a Fiscalía de Estado, que tenía que hacer el juicio de apremio. Pero, ¿qué hacían? Devolvían los expedientes para que paguen en el Juzgado Contravencional con las donaciones, en las que iban los tres diputados. Son tres diputados que iban a buscarlos. Oh casualidad, que uno de los diputados ahora es miembro del Consejo de la Magistratura y candidato a una de las principales intendencias de la provincia», apuntó.
También incluyó en sus señalamientos a María Inés Zigarán: «La exministra de Ambiente y ahora diputada nacional sabe muy bien de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque ella es la que hacía, por parte de su ministerio y subalternos, las infracciones dentro de la provincia, cuando no tiene potestad para hacer la infracción (…)».
«La ministra solamente tomó al juzgado como un ente recaudador de dinero para que esa plata nunca ingrese a las arcas del Estado y pueda ingresar directamente a su ministerio», concluyó.
Malos tratos y hostigamiento familiar
En otro tramo de su mensaje, Yebara denunció que sufre represalias y malas condiciones de encierro que le impiden su comunicación con abogados y medios de comunicación, contraviniendo lo establecido en la Ley de Ejecución Penal 24.660.
«En Jujuy el Estado de Derecho no existe. Me encuentro en un estado de indefensión absoluta. Me encuentro como si estuviera en una dictadura aquí en el Servicio Penitenciario», afirmó, y precisó que intentó concretar la llamada telefónica para enviar su mensaje «en diferentes oportunidades» y que lo interrumpieron para, a su entender, evitar que hablara con la prensa.
Sobre estas prácticas, aseguró que «son bajadas de línea del jefe de Policía, del ministro de Seguridad, del jefe del Servicio Penitenciario».
Por otro lado, relató haber sido víctima de violencia física y aislamiento dentro del penal: «Me llevaron sancionado la otra vez por querer hablar con mi hermana, por querer hacer una grabación. Me tuvieron 24 horas incomunicado. No pude saber ni de mi familia ni de mis abogados. Me metieron a la celaduría, en el lugar donde no hay cámara de seguridad. Me hicieron vejaciones, tortura y cualquier otro tipo de amenaza para que yo no hable», afirmó.
Por último, responsabilizó a las máximas autoridades provinciales y penitenciarias por su seguridad y denunció agresiones dirigidas hacia sus allegados: «Hago responsable al ministro de Seguridad, al jefe del Servicio Penitenciario, al gobernador y a todos los directivos que se encuentran a cargo de mi cuidado porque no hacen otra cosa más que amenazar constantemente a mi persona».
«Ya sé que todo ya está organizado para una condena hacia mi persona. Pero no quiero dejar que por estas cuestiones caiga mi familia. Mi familia ha sido amenazada, mi familia ha sido hostigada, mi familia ha sido maltratada en diferentes instituciones. Y personalmente, varias personas de mi familia han sufrido atentados, se incendió la casa de una de mis familiares, le robaron justamente el celular y todas estas cuestiones», concluyó.
Denuncian una red de recaudación política en la justicia contravencional: Juicio
