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El Gobierno de Jujuy debe responder en cinco días hábiles a la presentación que hizo la Multisectorial contra la Reforma para que la justicia suspenda los trámites contravencionales iniciados a partir de las protestas contra la modificación de la Constitución provincial.
La acción judicial que busca suspender los trámites contravencionales al conjunto de personas sancionadas en la protesta y represión del 20 de junio pasado en Jujuy, sigue su curso tras notificarse del traslado de la medida cautelar a la Fiscalía de Estado por el término de cinco días.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Mariana Vargas explicó que habrá que esperar unas dos semanas para que el Superior Tribunal de Justicia resuelva la medida cautelar», porque «tienen que decirnos quiénes van a ser los jueces, para ver si hay causal de recusación o no».
La letrada, que representa a varias de las personas sobre las que pesan trámites contravencionales, señaló que muchos de los expedientes en curso están en realidad suspendidos. «Tenemos sentencias de absolución. Y donde hay imposición de multas, no tenemos todavía los fundamentos de esas sentencias», precisó.
Sobre el contexto político de la provincia, Vargas consideró que «el poder del gobierno está licuado, con una clara falta de legitimación, y eso quedó absolutamente claro en las PASO del domingo».
«Desde el gobierno nos decían que con el voto se había decidido que se haga la reforma. Eso es falso. El voto fue una trampa en la que nos encontramos y todo fue ilegal. Después la lucha demostró que no era un cheque en blanco y que el pueblo se oponía a la reforma. Y el domingo todo lo que ha hecho el Gobierno quedó deslegitimado», analizó.
La acción de inconstitucionalidad del Código Contravencional vigente fue presentada ante el máximo tribunal jujeño hace una semana por la Multisectorial contra la Reforma, al considerar que es utilizado por el gobernador Gerardo Morales para «perseguir e intimidar» a quienes se manifiestan en rechazo a las modificaciones realizadas en la Constitución local.
«El Poder Judicial tiene que replantearse sobre qué es lo que va a hacer en esta situación para volver a la institucionalidad, porque la institucionalidad no es el Estado policíaco ocupando las rutas en Purmamarca», afirmó Vargas en relación al violento desalojo que sufrieron ayer en esa localidad las comunidades originarias que protestan contra la reforma desde hace casi dos meses.
Expresó que «buscamos que se declare inconstitucional el Código Contravencional, o en su defecto los artículos que atentan contra la protesta social, que prácticamente la prohíben».
