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Integrantes del Tercer Malón de la Paz que permanece en vigilia en Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, recibieron «con mucha expectativa» la creación por decreto de una «Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional» en la provincia de Jujuy.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Raúl Choquevilca, de la comunidad Ocumazo, contó que vivieron «con angustia» la demora en la publicación en el Boletín Oficial del decreto presidencial que crea una Comisión que investigará los hechos de violencia institucional en Jujuy en el marco de la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada el pasado 20 de junio.
«Recibimos la noticia con mucha expectativa, después de la angustia por la dilación, porque lo habían prometido para el 23 de agosto, una fecha importante para Jujuy, pero el Gobierno insistió en que había que cumplir con la formalidad», comentó el comunero.
De todos modos, remarcó que representantes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales comenzaron a trabajar la semana pasada en la provincia, sin esperar la firma del decreto, relevando denuncias en el territorio. En este contexto, otro grupo volverá a Jujuy en los próximos días para profundizar la tarea y reunir «pruebas para respaldar el planteo que se está haciendo por la violencia institucional que ejerció el gobernador Morales en la provincia», indicó Choquevilca.
«Aparte de la violencia física, estamos hablando de amenazas, hostigamiento, amedrentamiento, hasta torturas. Torturas físicas y psicológicas. Lo psicológico es tremendo porque se trata de disciplinar a la gente, diciéndole ‘o se apartan o van a tener consecuencias'», señaló el malonero.
En este sentido, la participación del gobernador Gerardo Morales en el Canal 7 de Jujuy «amenazando, diciendo ‘los tenemos identificados, sabemos quiénes son y van a tener problemas'».
«Allí hizo gala de la concentración de poder que tiene en la provincia, porque la suma del poder está en sus manos. Estas son las cuestiones que hay que salir a denunciar con más fuerza», agregó.
En tanto, los integrantes del Tercer Malón de la Paz continúan en la Ciudad de Buenos Aires con su permanencia en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, adonde arribaron el 1° de agosto. «Hay convicción de que esta reforma parcial de la Constitución tiene que caer. No hay argumentos para sostenerla. Y el que la quiera sostener va a quedar en ridículo, porque no puede estar la Constitución provincial por encima de la Nacional, mucho menos cuando tiene cuestionamientos desde el plano interno como el internacional», analizó Choquevilca.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos un pedido para que se expida sobre la constitucionalidad de la nueva Carta Magna jujeña. «La falencia es que no tiene plazos, entonces los supremos se toman todo el tiempo posible -indicó el comunero-. Vemos claramente que esta no va a intervenir porque está ligada políticamente, entonces lamentablemente esto va a llegar a octubre sin una resolución».
Por su parte, el cacique del Pueblo Ocloya Néstor Jerez consideró que la creación de una comisión investigadora es «un gran avance para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma inconsulta e inconstitucional impulsada por Gerardo Morales».
En la conferencia de prensa que brindaron este mediodía, Jerez opinó que «un paso más hacia la intervención federal de la provincia de Jujuy y la nulidad de esta reforma inconstitucional».
De acuerdo a lo establecido en el decreto 435/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, cuyo desempeño tendrá carácter ad honorem.
El ente tendrá por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se debe designar a los representantes del Tercer Malón que, junto con la Secretaría de Derechos Humanos y expertos en la materia, tendrán 60 días para relevar todas las denuncias sobre violencia institucional y violación de derechos humanos que se han llevado adelante durante el proceso de reforma.
Jerez convocó a organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Unicef y Amnistía Internacional, entre otros, a participar como veedores del proceso.
La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acnudh, relativas a la actuación de la Policía jujeña durante las protestas realizadas por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.
Luego, deberá elaborar un informe que será puesto en conocimiento del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, para lo cual tiene un plazo máximo de 60 días.
La abogada de la organización de Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Mariana Katz coincidió, durante la conferencia de prensa, en que la creación de la comisión «es un gran paso» y dijo que «no hay que olvidar que acá hay una responsabilidad internacional del Estado argentino».
«Las autonomías (provinciales) no son absolutas, están limitadas por el cumplimiento de los derechos humanos, dado que ante su incumplimiento, el responsable es el estado nacional», explicó.
Katz también anunció que fueron convocados a una audiencia mañana con el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen por la presentación efectuada de habeas corpus -para la protección de los representantes de las distintas comunidades y de organizaciones sociales al momento del estallido de los hechos de violencia en la provincia- y que están evaluando qué integrantes beneficiarios de dicho instrumento jurídico serán designados para ir a hablar ante el magistrado.
«Los hechos ocurridos por la violencia ejercida por el gobierno de Gerardo Morales, su ensañamiento contra el pueblo jujeño dejó mutilados, heridas de gravedad, daño psicológico en nuestros niños y ancianos así como el miedo a ser apresados por este señor que no respetó ninguna condición», expresó Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tusca Pacha de Palpalá, Jujuy.
Un grupo de maloneros y maloneras visitó este miércoles la ciudad de La Plata, donde se reunieron con referentes de derechos humanos, sociales y sindicales, para difundir el reclamo de que se anule la Constitución reformada de Jujuy.
