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Integrantes de diversos pueblos originarios se movilizaron hasta la capital provincial para marchar hacia las sedes de los poderes del Estado.
La manifestación, que confluyó frente a la Casa de Gobierno en el marco de la denominada segunda marcha de comunidades originarias, tuvo como eje central la exigencia de justicia y el esclarecimiento de los hechos de violencia institucional registrados a mediados de 2023 bajo la gestión de Gerardo Morales.
Los manifestantes denunciaron una persistente inacción por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), persecución hacia los referentes comunitarios y severas demoras en la entrega de personerías jurídicas y títulos de propiedad comunitaria. Asimismo, expusieron situaciones de hostigamiento y desalojos que afectan a los pobladores en sus lugares de origen.
Reclamos territoriales y cuestionamientos a la reforma
Durante la movilización, se reiteró el pedido de que se determinen las responsabilidades políticas y materiales por los operativos de seguridad desplegados durante las protestas de 2023, reclamando además medidas de reparación efectivas para todas las personas que resultaron heridas en aquellos acontecimientos.
Por otra parte, las comunidades volvieron a cuestionar de manera unánime la vigencia de la reforma constitucional aprobada ese mismo año, sosteniendo que la normativa vulnera los derechos indígenas vigentes y propicia nuevos escenarios de conflicto vinculados a la tenencia de las tierras.
Los voceros del reclamo enfatizaron que la permanencia en las calles responde a la falta de soluciones institucionales, asegurando que mantendrán las medidas de fuerza hasta recibir respuestas concretas tanto de las autoridades gubernamentales como del ámbito judicial.
Comunidades marchan para denunciar la impunidad a tres años de la represión en Jujuy
