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La tensión crece en el barrio Radio Estación de Tilcara, donde el Gobierno pretende desalojar a todas las familias que viven en ese sector para instalar un polo comercial en torno al flamante tranvía turístico que el gobernador Gerardo Morales pretende inaugurar con una fiesta que corone el fin de su segundo mandato. Pero la foto de la celebración está en dudas, porque los procedimientos que llevan adelante el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están plagados de irregularidades.
A las falsas denuncias penales de usurpación se suma la inexistencia de estudios de impacto ambiental, al punto que el paso del tren podría poner en riesgo la planta de gas natural que está en el lugar y que provee a la ciudad de Tilcara.
Desde que comenzó el hostigamiento para que la gente se vaya del barrio por «la llegada del tren», los vecinos se preguntaban por qué los desalojos alcanzaban a las viviendas que están alejadas de las vías. Y es que el proyecto del gobierno incluye la instalación de locales comerciales y centros recreativos en torno a la nueva estación. «A las familias que tienen emprendimientos acá les dicen que están lucrando, pero ¿ellos qué van a hacer? ¿No van a lucrar con esos negocios?», planteaba en estos días una de las vecinas.
Alejandra Cejas es la abogada de representa a algunos de los vecinos del lugar que tratan de defender su derecho a permanecer en la casa que habitan desde hace años. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), precisó: «Acá no hay ninguna utilidad pública. Es solamente un fin financiero. Se quieren apropiar de terrenos ajenos y usan como pretexto una falsa causa judicial».
«La mayoría lleva 30 años en ese barrio, muchos de ellos con título de adquisición de las viviendas que pertenecían a Ferrocarriles Argentinos -describió Cejas-. Esta gente pagó su casa. Se la pagaron al ferrocarril, con descuentos de su sueldo».
La letrada recordó que en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se privatizaron los trenes, se permitió que las familias que ya vivían en el lugar o tenían alguna relación con la empresa ferroviaria adquirieran sus viviendas. «Eran viviendas que ellos ya poseían, incluso antes de la privatización, a través de la ley 24.146, que es la que genera esta relación de posesión inmobiliaria, es decir, el título de propiedad», explicó.
En aquellos años, la misma situación se repitió en todos los rincones del país. Las provincias podían acceder a la posesión de todos los remanentes de las estaciones, para lo cual debían hacer un inventario. En el caso de Jujuy, ese relevamiento no se hizo nunca, por lo que todo el remanente está bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
«Jujuy no es dueño de ninguna de las tierras que están a la vera de lo que era el tren de Ferrocarriles Argentinos. Y si no es de nadie, entonces es de las familias que viven allí porque tienen título de propiedad», concluyó Cejas.
La abogada repasó también cómo inició esta última cadena de circunstancias y decisiones que llevaron a la situación actual. «El Gobierno pidió un crédito de 480 millones de dólares para hacer un tren de carga -detalló-. Para acceder a ese crédito, debían hacer un apto ambiental, un apto social, una serie de medidas que se toman cuando hay un proceso productivo que implica algún beneficio o afectación para la comunidad».
«Eso nunca se cumplió -continuó-. No hay apto social ni ambiental. Y el año pasado, como no sabían qué hacer, iniciaron denuncias falsas de usurpación contra las familias para poder desalojarlas».
La inexistencia de un estudio de impacto ambiental se evidencia también por el hecho de que este nuevo tren -que en realidad es un tranvía, tal como lo describe la propia empresa que lo fabrica- pasará exactamente por donde está la planta reductora que provee de gas a toda la ciudad de Tilcara.
«La situación es gravísima. Nadie está seguro en esta provincia, porque cada vez que esta gente quiera quedarse con una casa ajena, van a hacer exactamente lo mismo. Y lo hacen. Me consta que lo hacen», sentenció la abogada.
Cejas remarcó también irregularidades cometidas por el Gobierno en términos de procedimiento. «Los únicos que pueden hablar en nombre del Estado a nivel legal son los de Fiscalía de Estado, Miguel Rivas y compañía. Pero ninguno de ellos hizo ninguna denuncia, y en cambio mandaron a un perejil que, con la complicidad del Ministerio Público de la Acusación y del fiscal (Fernando) Alancay, interpuso denuncias de usurpación», precisó.
«Esa denuncia es inexistente, falsa, falaz y persecutoria. Nosotros ya los hemos denunciado a estos personajes y seguramente va a haber otros involucrados», agregó la abogada. En particular, se refirió al contador Emiliano Rodríguez, quien es titular de la Unidad Ejecutora del tren. «No sé de dónde lo sacaron, y además no tiene legitimidad para denunciar en nombre de la provincia de Jujuy», comentó.
-¿Denunciaron por usurpación a gente que tiene el título de propiedad de su casa?
-Así es. Imaginate el nivel de inseguridad jurídica en el que nos pone a todos. O sea, los tipos se quieren quedar con tu casa, entonces te hacen una falsa denuncia. Como manejan el Poder Judicial, hacen avanzar una cautelar para el desalojo. No quieren llegar a juicio, entonces presionan y aprietan. Así obligaron a muchas familias a firmar convenios, diciéndoles que tenían que firmar el desalojo para que no siga la causa penal en su contra.
-¿A cuántas familias quieren desalojar en total?
-Son 22 familias. Ya se fueron seis o siete que no soportaron el estrés, la presión. Otros han perdido el trabajo, enfermaron, fallecieron. Es terrible. Yo estoy acostumbrada a ver cosas asquerosas que hace este gobierno, pero esto es de lo peorcito que he visto, por el nivel de persecución que hay contra los dueños de las viviendas para que esta gente haga su negocio. Si quieren comprar una de esas casas, que vayan, arreglen con la familia y la compren por la vía legal. No con falsas denuncias.
-¿Las casas están sobre la vía del tren?
-No, estas casas ni siquiera estorban al tren. Estaban ahí cuando todavía funcionaba el ferrocarril. Lo que estorban es que ellos hagan restaurantes, galerías, ferias.
-¿Cuál es la situación judicial? ¿Esta gente se va a tener que ir?
-El gobierno tiene que justificar lo que hace. Dice que hay una orden de un juez, pero no es una orden, no hay una decisión judicial, nunca hubo juicio, supuestamente siguen en la investigación penal preliminar. A partir de las denuncias falsas, sacaron una cautelar diciendo que tienen que desalojar porque necesitan que pase el tren. Lo que pasa es que esta gestión se está yendo y están apurando todo para hacer el negocio. Los mismos funcionarios de la Municipalidad tienen casas ahí pero a ellos no los desalojan.
-¿El intendente Romero?
-Sí, Ricardo Romero. Esta semana inauguró una parrilla ahí en el barrio.
-¿Cómo sigue esto? A esta gente le dijeron que este jueves tiene que estar todo desalojado.
-Nosotros ya hemos interpuesto los recursos. Hemos pedido una audiencia de emergencia con el juez interviniente, que no se sabe quién es porque han cambiado tres veces de juez. Ninguno quiere dar la cara. Habrán visto que fueron a querer desalojar y estaban todos con la cara cubierta, con barbijos. Ya pedimos la recusación del fiscal Alancay, que está denunciado penalmente. La gente del gobierno también está denunciada penalmente. Y las familias se van a quedar porque son dueñas.
Desalojos en Tilcara: Historias de vida, de trabajo y de despojo
