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Por Camilo Kay Haro Galli. En la madrugada de este miércoles, los vecinos del barrio Radio Estación de Tilcara fueron rodeados y encerrados por un operativo policial que venía -todos sabían- con la intención de desalojarlos de sus viviendas. Se trata de un predio de 3 hectáreas donde una veintena de familias armaron su vida en la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem cerró el ramal.
El ministro de Seguridad de la Provincia y el fiscal Fernando Alancay dirigieron el descomunal despliegue del que participaron unos 300 efectivos. El Estado había emplazado a los vecinos a que abandonaran el barrio este jueves, pero la decisión fue adelantar el operativo 24 horas.
Seis viviendas, cuyos propietarios acordaron mudarse a los «módulos habitacionales» ofrecidos por el Gobierno provincial, fueron demolidas por las máquinas en pocos minutos.
En tanto, diez familias resisten al desalojo a través de sus abogados, que se apoyan en «las inconsistencias de las causas» iniciadas contra los pobladores del barrio que se niegan a abandonar sus viviendas.
«No me voy a ir porque no tengo dónde ir con mis hijos», dice una de las vecinas. Lo dicen también otras. Todas prefieren no darse a conocer porque aún sienten el miedo que comenzaron a experimentar hace dos años, cuando arrancó la avanzada del Estado provincial para llevar adelante el proyecto del tren turístico que espera inaugurar en los próximos días, antes de que Gerardo Morales abandone para siempre la gobernación.
Esa avanzada arrancó en la forma de denuncias penales por la supuesta «usurpación» de esas viviendas y terrenos que se habría cometido hace dos años. Un absurdo jurídico, aseguran los y las abogadas que acompañan a los vecinos, porque esta gente vive allí desde hace más de 30 años, a través de compras legítimas. Y además, porque se trata de un sector de jurisdicción federal.
Este miércoles, frente a la implacable presencia policial, una de las vecinas decidió encadenarse a la puerta de su casa para evitar ser desahuciada junto a sus tres hijos pequeños. En el terreno donde construyó su casa vive también su hermano, su cuñada y sus dos sobrinos. Ese es también su lugar de trabajo: vende sándwiches a los viajantes.
«Me ofrecen un terreno vacío, sin nada, y me dan una semana para irme. Me costó bastante tiempo construir mi casa. Lo que tengo lo hice yo sola. No puedo empezar de nuevo», dice angustiada a El Submarino Diario. La acompañan su familia y algunos amigos.
Relata que muy temprano en la mañana la vino a notificar el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, acompañado de otros funcionarios y «personas con las caras tapadas» con barbijos, para que aceptara abandonar su casa. Ella rechazó la oferta. «Yo no robé, yo no usurpé a nadie. No tengo por qué irme», dice con firmeza.
La mujer precisa que entre su casa y las vías hay más de 20 metros. «El tren puede pasar», concede, y aclara que está dispuesta a ceder parte de su casa pero no todo, porque necesita trabajar. «Yo sí quiero que venga el tren y estoy dispuesta a ceder» parte del terreno «pero que no me dejen sin el hogar de mis hijos. Soy madre soltera y no tengo nada, ni un trabajo fijo», asegura.
«Sé que hay un Dios, grande, que hará Justicia», dice llena de esperanzas. Más allá de la fe, tiene quién la representa ante el avasallamiento del que es víctima, la abogada Alejandra Cejas.
Al igual que al resto de los pobladores del barrio Radio Estación, a ella le ofrecieron un «núcleo habitacional», como lo llaman los funcionarios. La mujer lo describe como «una pieza con un baño» de unos 15 metros cuadrados, sin agua ni luz. Y revela: «Pero ahora me ofrecen menos…».
«Buscan beneficiar a la gente de afuera, ellos quieren las tierras. Si me sacan hoy, mañana van a traer gente que tiene plata, y van a levantar hoteles, confiterías y restaurantes. Lo único que pido es que me dejen en mi casa, que construí con tanto sacrificio, y poder trabajar», dice.
Otra vecina cuenta con alegría que la abogada Cejas logró que se suspenda su desalojo. Está citada a una audiencia para el 4 de diciembre. «Es una audiencia de nulidad, pues se trata de una causa inventada, una causa armada», aclara, y asegura: «Esta mañana me han encerrado con las máquinas y me rodearon con la policía, pero Dios y mi abogada han actuado».
El pedido de nulidad se fundamenta en que no hubo ninguna notificación oficial del desalojo, que a todas luces aparece como irregular en términos jurídicos.
«Hemos denunciado al fiscal porque nunca han llevado un proceso judicial claro. Estoy defendiendo mis derechos, simplemente estoy defendiendo mi casa, en la que vivimos hace 35 años», afirma la mujer, que está esperanzada porque en la audiencia va a presentar los papeles que acreditan que es legítima propietaria del terreno donde está su vivienda. «A mi padre le dieron esta propiedad porque él era ferroviario», cuenta.
A media tarde, uno de los vecinos revisaba entre los escombros para rescatar tirantes u otros materiales de construcción, con la esperanza de ampliar la vivienda mínima que le fue asignada. Ya había pasado el mediodía, y una señora almorzaba sentada sobre una piedra mientras cuidaba sus pertenencias al costado de lo que alguna vez fue su casa.
Unos metros más allá, los policías se resguardaban del sol bajo un molle, mientras otros se turnaban para almorzar.
El gran operativo policial desplegado este miércoles en el barrio Radio Estación, que habrá sido más caro que las «viviendas» donde el Estado pretende reubicar a los damnificados, falló en su objetivo. La difusión de imágenes, videos y testimonios a través de las redes sociales y, sobre todo, la tenacidad de los vecinos que resisten, lograron que los efectivos, las vallas y los funcionarios de cara tapada se retiraran del lugar antes del anochecer.
Quedaron los restos de las viviendas derrumbadas por las máquinas, casas de quienes aceptaron mudarse a los módulos ofrecidos por el gobierno. Muchos de ellos, por cansancio.
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