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Una asociación de defensa de usuarios y consumidores de Jujuy realizarán este viernes 22 una protesta en la plaza Belgrano para reclamar que se anulen los últimos aumentos del boleto de colectivo en la capital provincial. Además informarán sobre una medida cautelar que presentaron en la justicia por considerar que los incrementos dispuestos por la Municipalidad, como el impuesto aplicado a la carga de combustible, son ilegales e inconstitucionales.
El Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (Codecuc) es el colectivo que invita a participar de la protesta. Su presidente, Alejandro Mur, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) los detalles del amparo presentado ante la justicia el último lunes un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la norma que definió los aumentos del boleto de colectivo y de los taxis capitalinos: «La presentación es contra el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El expediente lo lleva el Tribunal Contencioso Administrativo, vocalía 3, que tiene que resolver en un plazo corto».
En particular, piden que el juez le ordene a la Municipalidad dejar sin efecto el incremento del boleto del transporte urbano y la tarifa de taxis y compartidos que rigen desde el lunes pasado, debiendo retrotraerse al precio anterior. También solicitan que le ordene al intendente presentar «las ordenanzas, decretos y documentación administrativa técnica y económica que justifique este último aumento, como también los anteriores, desde 2023 a la fecha, presentando un informe especificando todos los incrementos con sus precios», precisó el abogado.
Por otro lado, está la cuestión de fondo: solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 7978, aprobada por el Concejo Deliberante el 21 de diciembre del año pasado, porque consideran que es violatoria de varios artículos de la Constitución Nacional y de la ley de defensa del consumidor, como también de la Carta Orgánica de la ciudad.
«Los aumentos los dispuso unilateralmente el Departamento Ejecutivo a partir de esa ordenanza que le ha transferido de manera improcedente e ilegal atribuciones que son propias del Concejo Deliberante. Entonces resuelven los aumentos a puertas cerradas, en secreto», comentó Mur.
El abogado recordó que el último aumento se concretó con el mismo procedimiento de todos los anteriores, desde diciembre hasta la fecha, sobre la base de la ordenanza que declaró la emergencia en el transporte. «Rechazamos estos incrementos porque son atentatorios de dos derechos constitucionales: el derecho a la información y el derecho al precio justo, porque nadie sabe, no hay información de por qué se incrementó lo que se incrementó, no hay documentación respaldatoria», explicó.
Sobre la convocatoria a la marcha del viernes, remarcó que se trata de la primera protesta de los usuarios del transporte y otros servicios. «El objetivo es lograr la unidad y la participación de todos los usuarios, porque todos estamos afectados no solo con el tarifazo sino con la deficiencia del servicio», dijo.
«Vamos a exponer una breve información sobre las acciones administrativas y judiciales relacionadas con el transporte, el precio del boleto, el impuesto al consumo de combustibles, la falta de infraestructura y el cobro de servicios que no se brindan o se brindan de manera deficiente», señaló.
Mencionó en particular «la recaudación ilegal de dinero que no corresponde, como el impuesto al consumo de energía, agua y gas», frente al «estado de abandono en que se encuentra la ciudad, entre otras deficiencias».
A partir de la reunión del viernes, desde el Codecuc quieren impulsar la conformación de una junta vecinal integrada por referentes de todos los barrios de la ciudad «para trabajar y lograr revertir este estado de abuso de poder, de disponer los aumentos sin causa justificada ni información, terminar con el maltrato y el perjuicio económico y social que tenemos los vecinos», indicó Mur.
-¿Qué opinión tienen sobre el nuevo impuesto a la carga de combustible?
-Estamos estudiando el tema. Le dicen tasa, pero técnicamente es un impuesto, porque una tasa es cuando se recibe un beneficio específico, concreto, individualizado. Esto es un impuesto de 1.8 por cada litro de nafta que carguen los ciudadanos de la capital, y eso obviamente es ilegal e inconstitucional. Además puede generar mal antecedente, porque otra municipalidad querrá hacer lo mismo.
-¿Por qué es ilegal e inconstitucional?
-Porque la Municipalidad no puede crear impuestos, de ninguna manera. De hecho, lo que quiere es juntar dinero para arreglar las calles, pero ya está cobrando este tributo con la patente del vehículo, con el impuesto automotor, y sin embargo vemos cómo está la ciudad.
CODECUC-PROTESTA USUARIOS DEL 22 DE MARZO