Buscan convertir en ley el plan de prevención del embarazo en adolescentes

La oposición busca convertir en ley el Plan ENIA. Se trata del programa más exitoso para reducir el embarazo no intencional en adolescentes de la historia argentina, que consiguió bajar las tasas en casi un 50 por ciento. Sin embargo, fue desmantelado por el Gobierno de Javier Milei. En la Cámara de Diputados se presentaron dos proyectos que empezaron a tratarse en la Comisión de Salud. Esperan sacar dictamen de mayoría a mediados de agosto, luego del receso de invierno.

Mientras tanto, la gestión libertaria también desfinancia la compra de anticonceptivos. El presupuesto de este año del Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud –desde el cual se adquirían los métodos para repartir a las provincias– presenta una disminución del 74 por ciento en términos reales en comparación con el año 2023, de acuerdo con un informe de la Asociación por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinaomericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redass) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes).

No solo hubo recortes significativos sino que además el Ministerio de Salud ejecutó menos de lo que tiene disponible para gastar.

“Si bien el gobierno afirma que va a dar continuidad al Plan, preocupa cómo lo sostendrán sin el recurso humano, ya que fueron despedidas 619 personas que trabajaban en el ENIA en todo el país, y que estaban altamente capacitadas y articuladas para llevar adelante las actividades. A los despidos se suma un fuerte desfinanciamiento para la compra de insumos y una situación de restricción presupuestaria en las provincias que genera incertidumbre sobre cómo será el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en las diferentes provincias”, advirtió a Página 12 Patricia Sotile, integrante del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Los procesos de compra de anticonceptivos en el Ministerio de Salud están demorados y no están distribuyendo casi ningún método a las provincias, según pudo saber este diario.

Los proyectos

Frente al vaciamiento del Plan ENIA y la incertidumbre sobre su continuidad, en la Cámara de Diputados se presentaron dos proyectos para convertirlo en ley y garantizar su financiamiento.

Una de las iniciativas es de la socialista Mónica Fein con las firmas de su compañero de bancada Esteban Paulón y de la radical de Evolución Ciudadana Carla Carrizo. La otra es de Silvia Lospenatto, de la oposición dialoguista, con más de una docena de firmas del bloque del PRO, incluido su presidente Cristian Ritondo.

“Es una política pública que ha sido probada con éxito durante distintas gestiones. Queremos que se convierta en ley”, señaló a este diario Fein.

Los proyectos empezaron a analizarse en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin (UP). Yedlin, Cecilia Moreau (UP), Pablo Juliano (UCR) y Carla Carrizo (UCR) presentaron además pedidos de informes.

El 25 de junio en la comisión se hizo una audiencia pública con especialistas. Se debatió sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan ENIA. Entre otros datos, destacaron que desde su inicio en 2018 hasta el 2021, logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa una caída del 49%. Entre quienes expusieron estuvieron los integrantes de las gestiones del ENIA durante el macrismo y el gobierno de Alberto Fernández.

Consultado por Página 12, Yedlin dijo que esperan sacar un dictamen a mediados de agosto. Salvo los diputados de LLA, los demás legisladores están alineados en darle respaldo de ley. El problema es que como se prevé financiamiento con partidas del Estado nacional, necesariamente el dictamen tendrá que pasar, antes de llegar al recinto, por la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert. El diputado de LLA no tiene ningún interés en incluirlo en el temario de esa comisión, por lo que se estima que quedaría ahí cajoneado.

Sin embargo, el costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el Estado argentino usa U$S 200 millones para afrontar los costos asociados a la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representaba solo U$S 17,5 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión que demandaría el Plan ENIA.

Los dos proyectos de ley crean el Plan ENIA. En el caso del que presentó Fein, lo ubica dentro del Ministerio de Salud; el de Lospennato deja librado al Poder Ejecutivo la decisión de cuál será el organismo de aplicación. Entre ambas iniciativas hay otras diferencias, pero básicamente determinan que desde Nación se establecerán los lineamientos generales que regirán el ENIA, se encargará de capacitar a los equipos técnicos de las provincias y municipios donde se desarrolle el Plan y les enviará los insumos necesarios para garantizar el acceso a anticonceptivos.

En el Senado, el justicialista Oscar Parrilli también presentó un proyecto con el mismo espíritu. Pero en la Cámara alta el tratamiento por el momento es más incierto: a esta altura del año ni siquiera se constituyó la Comisión de Salud por donde debería pasar.

La clave del ENIA, que se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó en la gestión de Alberto Fernández, era que les ofrecía a las adolescentes de sectores vulnerables espacios de consejería en anticoncepción, donde podían optar por colocarse un método de larga duración como el implante subdérmico, lo que les permitía terminar el secundario sin enfrentar un embarazo no planificado. Además, el Plan incluía el fortalecimiento de la educación sexual integral en escuelas y espacios comunitarios.

Desde 2018 hasta 2023, el Plan ENIA se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires. Empezó en las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes.

Desfinanciación

El Plan ENIA tiene reflejo presupuestario en el Programa N°25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, a cargo del Ministerio de Salud. Este programa, creado en 2003, tiene entre sus principales acciones distribuir insumos a efectores de salud pública para la prevención y atención de la salud sexual y reproductiva y para la remoción de barreras de acceso a los servicios de salud de todo el país.

El presupuesto 2024 de ese Programa N° 25 “presenta una disminución del 73,6% en términos reales en comparación con el año 2023, y del 82,4% con respecto al año 2021”, advierte el informe “Plan ENIA en riesgo. Razones para sostener una política pública clave para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza”, elaborado por ELA, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Red de Acceso al aborto seguro (Redass) y Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).

Ese Programa N°25 se compone de dos actividades, una que lleva el mismo nombre y otra específicamente vinculada con el ENIA. Al analizar el presupuesto desagregado por actividad, las ONGs encontraron que “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” experimentará una disminución del 77% en comparación con el presupuesto de 2023, mientras que “Prevención del Embarazo Adolescente” se verá afectada con una reducción del 66%. “De no haber un incremento en el crédito vigente para el Programa N° 25, el presupuesto del ENIA del 2024 será el más bajo desde su creación”, destaca el informe.

Los principales componentes del presupuesto del Programa N° 25 son los gastos en personal y en productos farmacéuticos y medicinales. En el total del presupuesto devengado de 2023, el gasto en personal y servicios técnicos y profesionales representaron el 23,3% del total mientras que productos farmacéuticos y medicinales el 68%.

“En 2024, el presupuesto disponible para todo el año muestra una disminución significativa en comparación con 2023, siendo un 67% menor en gastos en personal y un 81% más bajo en productos farmacéuticos”, señala el informe. Esta reducción sitúa el presupuesto para insumos farmacéuticos en su nivel más bajo desde 2013, mientras que para gastos en personal, representa el nivel más bajo desde 2019.

Durante el primer cuatrimestre de 2024, el Estado nacional implementó una política de ajuste y reducción del gasto público que resultó en una ejecución un 29% menor del presupuesto total, en comparación con el mismo período de 2023. Dentro de la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Salud experimentó una disminución del 7% en su ejecución en relación al primer cuatrimestre de 2023.

En este contexto, «el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable enfrentó una caída en la ejecución interanual del 38% para el primer cuatrimestre. Es decir, esta disminución fue significativamente mayor que la del Ministerio y estuvo por encima de la reducción general del gasto público”, alertan las ONGs.

Resultados del ENIA

Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente).

Los resultados del Censo 2022 coinciden en los impactos de la prevención al arrojar una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos/as.

Según datos de Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría, en las provincias en las que se implementó el Plan ENIA se observa una mayor reducción en la tasa de fecundidad adolescente en comparación con las provincias a las que todavía no ha llegado el Plan.

También se trata de una política fundamental para prevenir el abuso y la violencia sexual. De hecho, un informe elaborado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela que las clases de educación sexual integral permitieron que entre el 70 y 80% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializadas del organismo comprendieran que habían sufrido abuso sexual.

Por Mariana Carbajal, en Página/12