El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Hoy se cumple un mes de los robos y asaltos —que no fueron saqueos, como casi todos dieron en llamar a lo ocurrido el pasado 9 de diciembre (menos El Submarino)—, cuando bandas de jóvenes y adultos, en connivencia con la policía que estaba acuartelada, y tomando las sedes del organismo de seguridad y del Gobierno, se produjeron actos vandálicos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Perico y Palpalá. El diputado Pablo Baca (UCR) denunció que no hubo respuestas eficaces por parte de las autoridades provinciales a los afectados, reiteró la necesidad de ayudarlos e insistió en la sanción de una norma para reparar los daños sufridos por las víctimas del vandalismo.
En este sentido recordó que el bloque de diputados de la UCR presentó en diciembre un proyecto de ley mediante el cual propuso, entre otras cosas, una reparación económica para los damnificados. Según el legislador, era un proyecto urgente para “proteger empresas y puestos de trabajo”, pero nunca se explicaron los detalles.
Baca dice que la bancada oficialista de la Legislatura provincial no quiso tratar el proyecto de ley, a pesar de haber anunciado una serie de medidas para atender los daños que no se tradujeron en medidas eficaces. Incluso se ha hecho público un comunicado de la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) en el que reiteran el pedido de ayuda.
“Sigue siendo necesario que haya una norma que se aplique con urgencia —afirma Baca—. La reparación tiene un sentido de solidaridad social y también de estricta justicia. La responsabilidad de los saqueos, que recae en primer lugar en los que los llevaron a cabo, también incluye al Estado que con el retiro del servicio de seguridad los hizo posibles”.
Por último, el diputado reiteró el pedido de esclarecimiento de los hechos ocurridos y solicitó las sanciones correspondientes para quienes violaron la ley y causaron los daños, “porque la impunidad lleva a la violencia”.
Medidas urgentes
Más allá de lo indiscutible del reclamo de los afectados por los robos del 9 de diciembre, es preciso que se tomen medidas enérgicas que definan el ejercicio del poder político y de la justicia frente al accionar policial.
El Submarino propone que luego del apriete con el que miles de efectivos policiales extorsionaron al gobierno y a la comunidad de Jujuy, si el Ejecutivo provincial llegara a pagar lo que firmó bajo amenaza y con pistola en mano, 8.750 pesos de bolsillo, le sea descontado a cada policía que se identifique como involucrado en esa jornada negra, aunque sea en cuotas, lo que se haya contabilizado como robado.
También esperamos la actuación de oficio del fiscal general Alejandro Ficoseco declarrando nulo el acuerdo, por haberse realizado bajo extorsión, tal como ocurrió en la provincia de Entre Ríos.
