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El fiscal federal Guillermo Marijuán reiteró que no hay pruebas para procesar a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa «ruta del dinero K» donde se condenó a prisión al empresario Lázaro Báez por lavado de activos, al volver a dictaminar por orden de la Cámara Federal porteña.
La ex mandataria fue sobreseída en esta investigación tras un primer dictamen de la fiscalía en ese sentido, pero luego el Tribunal de Apelaciones revocó esta decisión y aceptó como querellante a una asociación civil llamada «Bases» que cuestionó la validez del dictamen y reclamó la nulidad.
Ante esto, el Tribunal de Apelaciones dispuso en septiembre pasado que Marijuán volviera a expedirse sobre la situación de la Cristina Kirchner en la causa, algo que el fiscal concretó en un nuevo dictamen entregado ahora al juez federal Sebastián Casanello.
«Debo señalar que oportunamente ha sido analizada de manera detallada la situación procesal de Cristina Fernández con las distintas pruebas existentes en el expediente que, inexorablemente, me han llevado a la conclusión y a la petición de sobreseimiento formulada que mantengo en todos sus términos», afirmó el fiscal en el dictamen al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
En ese aspecto, Marijuán rechazó «de plano y de manera contundente» el planteo de nulidad del dictamen del 24 de mayo de 2023 en el cual postuló el sobreseimiento de la ex vicepresidenta por falta de pruebas, algo que luego concretó Casanello.
«En la tarea de determinar si se acredita la real participación de Cristina Elizabet Fernández por los hechos por los que fue indagada, es que la prueba reunida resulta, a criterio de esta parte, insuficiente», insistió Marijuán en el nuevo dictamen que será evaluado ahora por Casanello para resolver si lo valida o declara su nulidad.
Marijuán también cuestionó la decisión de la Cámara Federal que aceptó como querellante a «Bases Asociación Civil», presentada en la causa luego del sobreseimiento de Cristina Kirchner y «sin que hasta el día de la fecha se pueda entender cuál es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso».
Con esta decisión se genera «una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes, ya que esa puerta que se abre podría multiplicarse sin límite por todas las personas que deseen participar de un proceso penal con la sola invocación de un “agravio general e indirecto”.
«Bases» que «durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso», concluyó el fiscal.
En la causa que investigaron Casanello y Marijuán se juzgó y condenó al dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez por lavado de activos al término de un juicio oral en el que también hubo penas para otros 17 acusados.
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena, la redujo de 12 a 10 años de prisión para Báez en tanto su hijo Martin recibió una pena de 6 años y 6 meses de cárcel por lavado de 55 millones de dólares.
