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Concluida la visita del papa León XIV al país, el Gobierno nacional retomó la ofensiva legislativa para suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias antes del cierre de las sesiones ordinarias.
La decisión expuso nuevas peleas dentro del oficialismo, especialmente entre el entorno presidencial y la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamó que la iniciativa obtenga media sanción en la Cámara alta en un plazo de dos semanas.
En sintonía, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a debatir el expediente el próximo martes 17 a las 15 en el Salón Arturo Illia, tras meses de inactividad parlamentaria.
Desde el sector que responde a Bullrich advirtieron que aún no están garantizadas las 37 voluntades necesarias para aprobar la reforma en el recinto y trasladaron la responsabilidad de cerrar los acuerdos al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La tensión escaló luego de un mensaje publicado por el presidente Javier Milei en redes sociales, interpretado como una advertencia interna, mientras la exministra de Seguridad sostuvo una agenda legislativa propia vinculada a la Ley de Discapacidad y a un proyecto contra la ludopatía infantil que no cuenta con el aval de la Casa Rosada.
Para alcanzar la mayoría especial requerida, el oficialismo necesita sumar al menos 13 votos de bloques aliados, entre ellos el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y bancadas provinciales, a sus 21 senadores propios. Sin embargo, los espacios dialoguistas condicionan su acompañamiento a la inclusión del proyecto de Ficha Limpia en la misma discusión.
Desde el bloque justicialista, que cuenta con 25 integrantes, observaron que las demoras responden a las diferencias internas del oficialismo más que a la falta de aliados disponibles.
Además de suprimir las primarias, el proyecto enviado por el Ejecutivo reduce el aporte estatal para las campañas, elimina los espacios gratuitos en medios audiovisuales y amplía el límite para el financiamiento privado de los partidos políticos.
