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Por Asociación de Abogados de Jujuy. La Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) repudia enérgicamente la imputación realizada en contra de uno de nuestros miembros, Luis Paz –abogado de la dirigente social Milagro Sala- por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Jujuy por el delito de amenaza coactiva.
Los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Provincial garantizan a los acusados de delitos el derecho al debido proceso legal, y a sus abogados el ejercicio libre y sin presiones de su actividad profesional.
La gravedad institucional de lo ocurrido acontece en tanto la acusación en contra del letrado se realiza en el transcurso de una de las causas seguidas en contra de la dirigente social. Es decir que no se trata de una acusación por un hecho particular del colega.
No se puede dejar de valorar que la imputación en contra de Paz se realiza en base a los dichos de una persona con claros e indiscutibles intereses en el proceso que se sigue en contra de la dirigente social.
Esta imputación puede leerse como una persecución política, ideológica y laboral en contra del abogado y su defendida. El solo riesgo que esto ocurra la hace constitucionalmente intolerable. También puede funcionar como amedrentamiento de todos los demás abogados que pretendan representar personas acusadas por hechos en donde existan intereses del poder político.
Esta desgraciada situación nos remonta a los periodos más oscuros de nuestra Argentina, en donde los abogados que representaban a los desaparecidos -con habeas corpus- eran intimidados por los poderes de facto para abandonar a sus representados. Muchos de esos profesionales del derecho –que no cesaron en el digno ejercicio de su profesión- sufrieron la misma suerte que sus representados: desaparecidos.
Es importante remarcar que los fiscales penales no están obligados a imputar sobre cualquier denuncia. Las denuncias sin pruebas pueden ser desestimadas inmediatamente o realizar una previa y seria investigación para luego –con conocimientos fundados- decidir la procedencia o no de la misma.
La decisión del Ministerio Publico Fiscal Penal, cuyo jefe es Sergio Lello Sánchez, de imputar a nuestro miembro fundador, resulta -como mínimo- apresurada. Los intereses en pugna merecían otro tratamiento y proceder. El doctor Luis Paz tiene hoy en sus manos la defensa de las causas de mayor impacto social, político y mediático del país. El hecho de que tenga que sufrir acusaciones sin una mínima fundamentación resulta ilegal y aberrante.
No sostenemos que Paz no pueda ser investigado por denuncias en su contra, pero la connotación de la denuncia y su nula o escasa prueba, no habilita esta arrebatada imputación difícilmente sostenible.
El daño está hecho. Se deterioró su actividad profesional y el derecho de defensa de su defendida. La totalidad de los abogados debemos bregar sin descanso por la inmediata nulidad de lo actuado en contra del abogado y dejar sentado -de una vez y para siempre- que toda persona merece un juicio con las garantías constitucionales intactas, lo cual implica que sus apoderados no puedan ser “molestados” y/o “intimidados” por el ejercicio de su ministerio.
Por ultimo exoramos al colegio de abogados de la provincia –como institución que nuclea a la totalidad de los matriculados- a manifestarse clara y enérgicamente en defensa del ejercicio de la profesión de abogado.
