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Hubo varios invitados al inicio del zafra y de la entrega de la casa Nº 1000, entre ellos, la dirigencia del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail). Rafael Vargas, titular del gremio, afirmó en diálogo con El Submarino Radio: «La entrega de viviendas tiene una historia sangrienta y oscura, que tiene que ver con la necesidad de la gente que durante mucho tiempo le exigió a la empresa Ledesma que cediera una comunidad, rodeada de cañas, para poder tener una vivienda. Y se perdieron cuatro vidas”, en alusión a lo sucedido en el 2011 en la zona denominada El Triángulo, en Libertador Gral. San Martín.
Aclaró que “ahora no entendemos por qué la parte empresaria tiene que llegar a esos extremos para satisfacer las necesidades de un pueblo. Esa es la forma que tiene para intentar lavar su imagen, e innecesariamente llega a estos extremos”.
Más adelante, Vargas celebró la decisión judicial de aceptar al gremio como querellante contra el ex presidente del Grupo Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, “fue una decisión unánime del sindicato fue solicitar que la Comisión Directiva sea querellante en la causa Bernard, Burgos, y las causas de la Noche del Apagón, donde la empresa ha sido cómplice de lo sucedido en la época de la dictadura. Y el juez nos ha hecho lugar, por lo que estamos constituidos como querellantes.
Somos consecuentes con lo que decimos, con la defensa de los derechos de los trabajadores, no solo por los que hoy están trabajando sino por los que estuvieron y dieron su vida por sus convicciones. Vamos seguir buscando la verdad y la justicia por los compañeros que no están.
-¿Cómo están las negociaciones en paritarias?
Las relaciones con la empresa están tensas. Ellos muestran su poder con la presencia de Macri, con las políticas que el presidente está aplicando en beneficio de los empresarios. En menos de dos meses hemos tenido 15 trabajadores despedidos, por cuestiones sencillas, como discusiones entre compañeros. Lo que pasa es que el presidente está en contra de la ley antidespidos, y eso le da posibilidad a la empresa de dejar a la gente sin trabajo. Lo estamos sintiendo y padeciendo. Es preocupante que en plena negociación la empresa adopte esta postura. Vemos que están dejando a la gente sin trabajo, en connivencia con el poder político.
-¿Qué cifras de aumento salarial están manejando?
-Tenemos un mandato de la asamblea para un aumento de 17 mil pesos de tira final, es decir, la sumatoria de todos los rubros, y un básico de 12.900 pesos. Eso es un 38 por ciento de aumento. La empresa siempre dice que está con problemas económicos, en crisis, pero conocemos las políticas como la eximición de impuestos al campo, el precio del dólar, el crecimiento del bioetanol a un 35 por ciento. Ellos tienen un año tremendamente productivo, por lo tanto la oferta que nos hacen no nos satisface, no cubre las necesidades.
