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María José Castillo, abogada integrante de la Mesa Contra la Violencia Institucional, aseguró en diálogo con El Submarino Radio que hay un “cerco judicial” para allegados, miembros o partícipes de la Tupac Amaru, y afirmó que “preocupa sobremanera” la situación en la que se encuentra no solo Milagro Sala sino el resto de las internas en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero, por las condiciones de detención a las que se encuentran sometidas.
-¿Qué acciones van a tomar a partir de la denuncia por las malas condiciones en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero?
-En principio, acompañar con la denuncia pública a la compañera Milagro y a las demás presas, que sufren pésimas condiciones detención, que ponen en riesgo la salud de todas ellas, con este frío, sin agua caliente, o expuestas a las celdas de castigo, que están prohibidas por las convenciones internacionales. Esto preocupa sobremanera. Los propios defensores de Milagro presentaron un hábeas corpus que estaremos siguiendo y acompañando lo que diga la organización Tupac Amaru. Hasta donde sabemos, no ha habido respuestas.
-¿Han tenido algún contacto con autoridades del gobierno provincial?
-Desde este espacio que construimos varios actores, desde el que denunciamos hechos de violencia institucional, se han solicitado anteriormente audiencias con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y con el secretario de Seguridad, que son responsables directos. Para que las autoridades tomen medidas no hace falta una imposición judicial; la situación de encierro y persecución es cuestión de una decisión política. Por eso desde la organización Tupac Amaru se hace responsable no solo al gobernador sino también al ministro de Justicia y al presidente de la nación, porque hay responsabilidad del estado argentino en esta situación. Y la comunidad internacional, a través de los organismos pertinentes, van a sancionar a la nación. Esto se tiene que terminar y hay que hacer público y visible esta situación.
-Se ha denunciado también persecución policial hacia miembros de la organización Tupac Amaru. ¿Qué se hizo al respecto?
-Se van haciendo diversos planteos de acuerdo a la situación, que es compleja desde el 14 de diciembre. En la mayoría de los casos se han presentado hábeas corpus, y también un amparo que tenía como objeto de protección a los ciudadanos que realizaron el acampe, por las distintas amenazas que hubo de desalojo y para que puedan llevarse adelante las protestas públicas.
-¿Hubo alguna respuesta a esas presentaciones?
-Lo que sucede hoy es que hay un cerco judicial, entonces ninguna medida está teniendo trámite. O son directamente rechazadas. Es un obstáculo muy grande que se vive, y es motivo de denuncia. Lo cierto es que si uno es allegado, miembro o partícipe de la Tupac Amaru, no hay por dónde realizar demandas, reclamos o peticiones, porque hay un cerramiento del poder ejecutivo y el judicial.
