Más procesamientos contra kirchneristas: por fondos de Fútbol Para Todos y aportes de campaña

Cuatro ex funcionarios kirchneristas y el actual presidente de la AFA, Luis Segura, fueron procesados por la jueza María Servini de Cubría en la causa por irregularidades en la implementación del programa Fútbol para Todos (FPT). Por otro lado, el juez federal Ariel Lijo procesó al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli por supuesto “lavado de activos” provenientes de un delito, a partir de aportes a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos por parte de droguerías. El juez sostiene que el origen de los fondos pudo ser el tráfico de efedrina o la denominada “mafia de los medicamentos”.

Segura fue imputado por administración fraudulenta y la jueza le trabó un embargo de 50 millones de pesos. Los ex jefes de gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber controlado el destino final de los fondos del programa, y embargados por 10 millones de pesos. Gabriel Mariotto, ex coordinador de FPT, fue imputado por peculado y embargado por cinco millones. Los cuatro ex funcionarios minimizaron la resolución, anunciaron que la apelarán y destacaron que “no se trata de un hecho de corrupción” ni que ponga en entredicho su honestidad.

Según la investigación, los fondos destinados a los clubes a través del FPT se desviaron de tres formas: mediante aportes a la fundación “El futbolista” ( através de un convenio con AFA recibía el 2 por ciento de los aportes), por ser usados para garantizar préstamos bancarios y mediante descuentos de cheques en financieras: la más mencionada es Amigal, de Eduardo Amirante y Jorge Galitis. La diputada Elisa Carrió aseguró que los dueños de Amigal son socios del presidente de Boca, Daniel Angelici.

Segura y los dirigentes de la AFA Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Espinosa y Rubén Raposo fueron procesados por administración fraudulenta. Los últimos seis deberán afrontar embargos por 20 millones de pesos.

En el caso de los ex jefes de gabinete, Servini consideró que omitieron controlar el uso de los fondos del programa. Sobre Mariotto, sostuvo que “por la función de coordinador del programa tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité”.

A Pablo Paladino, también ex coordinador de FPT, lo procesó por violación de deberes de funcionario. Servini declaró extinguida la acción penal contra Julio Grondona, fallecido en 2014, aunque aclaró que le hubiese correspondido un procesamiento como autor de varios delitos. Dispuso además el sobreseimiento de los ex secretarios ejecutivos de FPT José Lucas Gaincerain y Mariano Delorenzi, actual coordinador ejecutivo en la secretaría general de la Presidencia a cargo de Fernando de Andreis.

“No se trata de un hecho de corrupción”, aclaró Capitanich. “La jueza efectúa una interpretación errónea del contrato asociativo entre Jefatura de Gabinete y AFA, por lo cual nos hace responsables de falta de control”, explicó. “Hemos aclarado a través de tres presentaciones judiciales (dos en forma espontánea) que no era mi responsabilidad como funcionario público. El contrato asociativo implicaba la adquisición de los derechos de transmisión con el objeto de garantizar la gratuidad en todo el país”, señaló. “El objeto contractual fue cumplido”, concluyó, y anunció que “aperamos el fallo como corresponde”.

Abal Medina destacó que “no existe cargo alguno que ponga en entredicho mi honestidad”. “No hay acusación de corrupción, sino que la jueza entiende que el Estado no controló lo suficiente el funcionamiento de la AFA y los clubes”, explicó. “Con la tranquilidad de haber actuado siempre de acuerdo a mis atribuciones y deberes de funcionario público, continuaré aportando todo lo necesario para la resolución transparente y expeditiva de esta situación”, señaló.

Aníbal Fernández manifestó su “desacuerdo” con la medida y destacó no haber sido imputado por defraudación. “El procesamiento dictaminado implica que se dejó sin efecto cualquier acusación sobre el manejo de los fondos públicos”, apuntó desde Londres, donde presenció el triunfo de Las Leonas en el Champions Trophy. “El procesamiento responde a una supuesta falta de deberes de funcionario público por teóricos controles, sponsoreo y entrega de dos camiones”, minimizó. “No tengo dudas de que será revisado por la alzada ya que no corresponde en absoluto”, agregó, y copió un fragmento del escrito de Servini en el que afirma que “de momento, por los elementos colectados, entiendo que esta omisión (de control) no puede entenderse como una participación de estos funcionarios en los ilícitos achacados a la dirigencia de la AFA (tanto objetiva como subjetivamente)”.

Mariotto calificó el procesamiento de “injusto y arbitrario”. “La causa sólo persigue hostigarme por haber sido impulsor de FPT y de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, sostuvo. “Cumplí con mis obligaciones, con la conciencia plena de que la democratización del fútbol era imprescindible para democratizar a los medios de comunicación; que la libertad de expresión y de acceso a la información y los bienes culturales era el camino para que en la argentina no hubiese más monopolios”, escribió. Sobre la imputación por haber “aceptado la cesión que hizo la AFA de parte de las utilidades que recibía por los derechos de sponsoreo”, aclaró que “no se encontraban incluidos dentro de los derechos que la AFA cedió al Estado cuando se celebró el contrato”. “Sé que he cumplido cabalmente con las leyes y que he defendido y defiendo los intereses de los argentinos y del Estado nacional”, concluyó.

Aportes de campaña 

El juez federal Ariel Lijo procesó al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli por supuesto “lavado de activos” provenientes de un delito, a partir de aportes a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos por parte de droguerías. El juez sostiene que el origen de los fondos pudo ser el tráfico de efedrina o la denominada “mafia de los medicamentos”.

El magistrado procesó por el mismo delito al ex legislador porteño Sebastián Gramajo y a los responsables de droguerías Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone.Todos fueron embargados por 3 millones de pesos en base al delito de “lavado de activos provenientes de un delito” y sus procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva, por lo cual seguirán en libertad.

Para Lijo, Capaccioli administró los fondos “a sabiendas de su origen ilicito” y buena parte de ese dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario.

Bellone es la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, cuya autoría intelectual se atribuye al detenido Ibar Pérez Corradi, mencionado por Lijo en relación al origen de los aportes hechos por Forza a la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2007, cuando compitió con la fórmula Cristina Fernández Kirchner-Julio Cobos.

Los procesamientos se dictaron a ocho años de iniciada la investigación judicial, en base a la denuncia de los entonces diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui. En esa acusación se aludía a la necesidad de investigar los aportes de droguerías a la campaña electoral del FpV del 2007, luego de constatar que un 35,6 por ciento del total de aportes declarados por esa fuerza política provenían de ese rubro, que tenía “vinculación directa” con Capaccioli por sus funciones.

El ex funcionario ejercía su cargo y, al mismo tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral. Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada “mafia de los medicamentos” y causas penales por tráfico de efedrina.

Para el magistrado, de hecho, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp –un total de 886.000 pesos– tenía “origen ilícito”, y se entregó “a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud”. En particular, Lijo aludió a la compraventa de efedrina, un precursor químico para uso ilegal, basado en la sentencia del juicio oral por el triple crimen de General Rodríguez. “Allí se indicó que nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus principales responsables”, para entablar relación con empresarios del rubro locales, entre ellos Perez Corradi y Forza.

Pérez Corradi fue detenido el domingo en Paraguay y se espera su extradición a la Argentina, donde es requerido en varias causas judiciales, una de ellas la del triple crimen, donde está señalado como supuesto autor intelectual del hecho. “Es posible afirmar la existencia de vínculos entre los imputados, el tráfico de efedrina y el grupo de narcotraficantes mexicanos. En tal sentido, allí se verificó la relación entre Forza –esposo de Solange Bellone– y los carteles mexicanos”, continuó Lijo. Entre las empresas farmacéuticas aportantes, Bellone figuraba como presidenta de Seacamp y su fallecido esposo, Forza, como apoderado.

Lijo entendió, además, que el empresario farmaceútico Néstor Lorenzo y Capaccioli “fueron los encargados” de la puesta en circulación del dinero ilegal “y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza ‘Frente para la Victoria’ del año 2007 para llevarla a cabo”. El magistrado argumentó que “los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli”.

Página/12