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A pesar de la falta de avances concretos en las investigaciones, la Suprema Corte de Justicia de la provincia rechazó cerrar las causas judiciales que pesan sobre referentes de organizaciones sociales en Jujuy. La decisión genera fuertes críticas desde sectores gremiales y movimientos populares, quienes denuncian que se trata de una maniobra para sostener un esquema de disciplinamiento político. El planteo de las defensas apuntaba a la inexistencia de pruebas sólidas y al tiempo transcurrido sin resoluciones.
El reclamo de las organizaciones populares
Desde el Movimiento Popular Nuestramérica y otras agrupaciones señalaron que esta postura judicial evidencia un alineamiento entre la justicia local y las políticas nacionales. Según los dirigentes, el estancamiento de los expedientes demuestra que el objetivo nunca fue esclarecer supuestos delitos, sino mantener a los referentes bajo una amenaza judicial constante. Argumentan que este tipo de procesos busca desarticular la organización en los barrios y silenciar los reclamos por la situación económica crítica que atraviesan los sectores más vulnerables.
Masiva movilización en Jujuy contra la persecución a dirigentes y organizaciones
Entre la inacción y la persecución
El escenario judicial en Jujuy sigue marcado por la polémica debido a causas que se iniciaron tras masivas protestas, donde se imputó a decenas de personas bajo figuras legales cuestionadas. Para los abogados defensores, la negativa de la Corte a clausurar estos expedientes inactivos vulnera derechos fundamentales y prolonga una situación de incertidumbre legal injustificada. Mientras las causas siguen en los estantes, la tensión entre el poder judicial y los movimientos sociales se agudiza, poniendo en el centro del debate el uso de la justicia como herramienta de control político.
Multitudinaria movilización de organizaciones sociales de Jujuy en repudio a la persecución
