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La Cámara Federal porteña recibió un primer informe por parte de la Policía Federal del cual se desprende que el juez federal Sebastián Casanello no estuvo en la Quinta de Olivos, hecho que había denunciado el empresario procesado y detenido por presunto lavado de activos Lázaro Báez. En otro expediente, el Banco Santa Cruz informó al juez Ercolini que ningún integrante de la familia Kirchner posee cajas de seguridad en la entidad.
De acuerdo al informe recibido por la Sala II de la Cámara, basado en las planillas de ingreso y egreso de la quinta presidencial, no pudo probarse que el juez Casanello haya estado allí durante la segunda quincena de septiembre de 2015, fecha en la que Báez dijo haberlo visto.
La Sala II, integrada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, había recibido informes preliminares durante los últimos días, pero ayer ingresó el primer informe formal, escrito, en el que además quedó plasmado que las cámaras de seguridad no retienen imágenes de esa fecha. Los camaristas le habían pedido al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que compruebe “con carácter urgente” los dichos de Báez durante una audiencia enmarcada en la recusación que su hijo Leandro presentó en contra de Casanello. El tribunal solicitó que se obtengan “registros fílmicos, captación de imágenes, libros de ingresos y egresos o cualquier otra constancia en la que quede asentada la concurrencia” a Olivos de Báez, Casanello, el entonces secretario general de la Presidencia Eduardo “Wado” de Pedro y el ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Álvarez.
Los miembros del tribunal esperarán a tener el informe completo para decidir si confirman o apartan a Casanello en la causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Lázaro Báez se encuentra procesado por presunto lavado de dinero. Los hijos del empresario aseguraron esta semana desconocer los movimientos de dinero de su padre y cuestionaron la validez jurídica del informe aportado al expediente la Unidad de Información Financiera (UIF) que los señala como titulares de cuentas en Suiza.
Ante la Cámara Federal, Báez había dicho que el juez Casanello fue recibido por la entonces presidenta Cristina Fernández en la residencia de Olivos, en septiembre de 2015. Lo hizo por medio de una carta de puño y letra del empresario, presentada por Santiago Viola, abogado de tres de los hijos del dueño de Austral Construcciones. La intención era explicar a los integrantes de la Sala II de ese tribunal por qué considera que Casanello debe ser apartado del expediente de la llamada “ruta del dinero K”.
“Me dirijo a ustedes a los efectos de ponerlos en conocimiento, en el marco del incidente de recusación del Doctor Casanello Sebastián, que aproximadamente a mediados del 2015, con anterioridad a las elecciones generales, vi al mismo en la Quinta de Olivos, cuando estaba esperando para entrevistarse con la entonces presidente doctora Fernández”, indicó. “No he manifestado esto con anterioridad dado que no me fue preguntado en la audiencia mantenida con ustedes por el temor que siento tal cual se lo expresara”. Firma la hoja, en cuaderno rayado y con tinta azul, “Lázaro Antonio Báez, DNI 11.309.991”, junto a una huella digital presuntamente suya. Además, la carta está certificada por las autoridades del penal.
Por su parte, el magistrado dijo en forma reiterada que no se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. “Siempre desmentí toda reunión (con Cristina Kirchner), no conozco la Quinta de Olivos, lo dije hasta el hartazgo, me extraña que no se contextualice la información”, subrayó el magistrado hace pocos días en declaraciones a la prensa en la puerta de su despacho en los tribunales federales de Comodoro Py.
Tras llamar a declaración indagatoria a Leandro, Martín, Melina y Luciana Báez a partir del informe de la UIF sobre las cuentas en Suiza con 25 millones de dólares, Casanello también negó haberse reunido con el ex jefe de Gabinete Eduardo “Wado” de Pedro en Olivos, tal como afirmó Báez ante la Cámara Federal. “No voy a entrar en desmentir una a una la que es una novela inventada. Yo soy juez, no puedo polemizar con un imputado”, recalcó el magistrado federal y añadió: “Báez es imputado, está detenido, está procesado y embargado por sumas millonarias por mí, me extrañaría que hable bien de mí”.
Sin cajas
El juez federal Julián Ercolini le pidió al Banco Santa Cruz que le informe si Cristina Kirchner y su familia tienen cajas de seguridad en la entidad. Lo hizo con una orden de allanamiento y fajado que se aplicaría sólo si encontraban algo o surgía alguna anomalía. Pero el banco informó que la ex mandataria no tiene caja allí, así que no hubo nada que fajar, aunque desde distintos medios de comunicación –incluida la agencia oficial Télam– se informó que se habían encontrado una decena de cajas pertenecientes a la familia Kirchner. También ayer, pero en la causa en la que está procesada por la venta del dólar futuro, el juez Claudio Bonadio congeló las cuentas bancarias de la ex presidenta.
La paralización del dinero se suma a la medida dispuesta por el propio Bonadio el miércoles, quien a raíz de que CFK dijera que no satisfaría el monto del embargo que le había impuesto, resolvió dictarle la inhibición general de los bienes. Ahora, el magistrado congeló las cuentas bancarias de la ex mandataria y de otros ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof y del ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. La medida significa en los hechos la virtual inmovilización de los activos financieros de la ex jefa de Estado y del resto de los procesados en ese expediente, que está apelado en todos sus términos y a estudio de la Cámara Federal.
El 13 de mayo pasado Bonadio procesó a CFK en la causa por la venta de dólar futuro. La ex presidenta lo recusó y luego hizo lo mismo con los jueces de la Sala II de la Cámara Federal que lo respaldaron. Ahora, los jueces de la Sala I son los que deben definir la situación.
En la causa Hotesur, en tanto, el Banco Santa Cruz sólo informó sobre cuentas. A través de un comunicado, la entidad indicó que “como es su práctica habitual, viene respondiendo en tiempo y forma a todos los requerimientos vinculados con causas judiciales” y aclaró que “que ningún integrante de la familia Kirchner posee cajas de seguridad”.
El allanamiento al Banco Santa Cruz fue dispuesto por Ercolini el mismo día que CFK se presentó en Comodoro Py para denunciar a la diputada Margarita Stolbizer, quien a su vez la había denunciado por el supuesto ocultamiento de dólares en cajas de seguridad bancarias. Sin embargo, el juez ordenó estas medidas, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, como parte de la investigación que venía llevando adelante sobre la sociedad familiar Hotesur.
Pollicita también solicitó una pericia sobre los libros de la empresa que habían sido aportados por Romina Mercado, la sobrina de la jefa de Estado y presidenta de la sociedad. Lo que reclamó fue cotejar las firmas del ex presidente Néstor Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia que aparecen en esos libros con la de registros oficiales porque Stolbizer denunció que los documentos de la sociedad habían sido adulterados con tachaduras y enmiendas.
Ercolini le pidió también al Banco Central que le informe sobre todas las cuentas, cajas de seguridad y plazos fijos que tenga Cristina en distintas entidades.
El martes, Stolbizer denunció supuestos “extraños movimientos” en las cuentas bancarias de la familia Kirchner y planteó que la ex presidenta Cristina Fernández pudo haber guardado unos cinco millones de dólares en cajas de seguridad. CFK explicó que tiene 4.664.000 dólares en una caja de seguridad, que surgen de cambiar 65.995.650 pesos, lo que hizo, dijo, al comienzo del actual gobierno ante la “incertidumbre” que le generaban las medidas de la nueva gestión. La ex presidenta afirmó que, más allá de la mala lectura de los datos (argumentó que Stolbizer sumó dos veces el mismo dinero y la llamó “burra”), la información para realizar la denuncia que hizo la diputada sólo podía provenir de documentación secuestrada por Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. Por lo tanto, acusó al juez y a la diputada de connivencia y “tráfico de la información”.
Pollicita giró a la Cámara Federal la denuncia de CFK contra Stolbizer y el sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, quien deberá girar la denuncia al fiscal Patricio Evers para que defina si se abre o no una investigación.
Página/12
