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El escenario del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy ingresó en una fase de extrema tensión. Tras conocerse el resultado del proceso licitatorio del municipio capitalino, que dejó afuera de carrera a la empresa Xibi Xibi, los trabajadores de la firma se declararon en estado de alerta y movilización, denunciando la entrega encubierta del servicio a un monopolio empresario.
Adjudicación exprés y reparto de corredores
El municipio definió el nuevo mapa de colectivos otorgando el control absoluto a solo dos prestadoras a través de cuatro grupos licitados: el Grupo I y el Grupo III quedaron en manos de la empresa Santa Ana, mientras que el Grupo II fue adjudicado a El Urbano. En tanto, el Grupo IV fue declarado desierto, resolviéndose de inmediato un permiso precario de prestación también a favor de Santa Ana. La exclusión total de Xibi Xibi despertó sospechas inmediatas sobre el pliego y la transparencia del concurso.
Protesta en el 23 de agosto y resistencia a la absorción
Ante el riesgo inminente de perder sus puestos, los empleados convocaron a una manifestación para este jueves a las 10:00 en las inmediaciones del Estadio 23 de agosto. La movilización busca la anulación del proceso y la apertura de una nueva compulsa bajo condiciones de «competencia justa».
Aunque las normativas vigentes suelen contemplar cláusulas de absorción del personal por parte de las empresas ganadoras, los choferes y administrativos de Xibi Xibi rechazan de plano pasar a las filas de Santa Ana.
Según denunciaron, esa firma mantiene condiciones laborales «tremendas», arrastrando deudas millonarias con su propio personal, falta de entrega de indumentaria y un parque automotor en pésimo estado. En contraposición, defendieron el estándar de su actual empleadora, destacando la incorporación de tecnología de seguimiento en tiempo real, políticas de género y servicios gratuitos para merenderos de la capital.
Duras acusaciones al municipio: «Kioscos» y monarquía paralela
Los voceros del reclamo calificaron la licitación de «improcedente, injusta e ilegal», apuntando de forma directa contra el intendente Raúl «Chuli» Jorge y el Concejo Deliberante. Acusaron a las autoridades de estructurar un «gobierno monárquico paralelo» que omitió informes básicos con el único fin de concentrar los corredores viales en un solo empresario. Asimismo, señalaron que la firma beneficiada goza de un blindaje político y jurídico que históricamente «cajonea» las denuncias laborales en su contra, volviéndola intocable a costa del sistema de transporte local.
